El gobierno español inició los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma a la Ley de Presidencia, que fue aprobada por el Parlamento de Cataluña (noreste de España) y que permitiría votar como presidente al líder independentista Carles Puigdemont.

La cámara, con sede en Barcelona, aprobó por 70 votos de la mayoría independentista y 64 en contra la reforma, que permite que una investidura presidencial de Cataluña se realice en ausencia del candidato y hacerlo por videoconferencia.

El Tribunal Constitucional ya había advertido al Parlamento catalán sobre la improcedencia de aprobar la llamada “investidura telemática”, mientras los servicios jurídicos de la cámara emitieron un informe contrario a la reforma de ley.

El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que el gobierno del presidente Mariano Rajoy pidió un informe al Consejo de Estado para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la iniciativa.

La aprobación de la reforma se da cuando faltan unos días para el 22 de mayo, cuando vence el plazo que el Parlamento catalán tiene para investir a un presidente surgido de las elecciones del 21 de diciembre pasado.

La mayoría independentista insiste en impulsar a Puigdemont (bajo custodia judicial en Alemania) o a uno de los principales dirigentes de su movimiento que actualmente están en prisión en España.

Ante ello, las formaciones secesionistas han plateado una alternativa en favor de la portavoz del grupo Juntos por Cataluña, Elsa Artadi, que es cercana a Puigdemont y no tiene proceso judicial, por lo que podría ser aprobada sin dificultad.

Puigdemont reunirá ese sábado en Berlín a los diputados de Juntos por Cataluña, de donde podría salir la decisión de apoyar a Artadi, toda vez que es previsible que el Tribunal Constitucional anule la reforma a la Ley de Presidencia.