Los cinco coordinadores de la y los candidatos a la Presidencia de la República destacaron que los principales retos para el país son el combate a la inseguridad y a la corrupción; sin embargo, el tema central y más cuestionado fue sobre la amnistía.

Al participar en el debate que organizó la consultoría Integralia y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que abarcó los temas de Seguridad, Violencia y Corrupción, cuatro de los cinco coordinadores cuestionaron a la representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Tatiana Clouthier, sobre la propuesta de dar amnistía a delincuentes que planteó el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de la coalición Todos por México, que encabeza José Antonio Meade, destacó que dicha propuesta representa perdonar y dejar libres a los criminales.

Nuño Mayer coincidió en su opinión con Jorge Castañeda, coordinador de la campaña de la alianza Por México al Frente, que impulsa a Ricardo Anaya, quien también le pidió a Clouthier que explicara la propuesta porque no la entendía, en el sentido de que es un paso dentro del proceso de paz.

Tatiana Clouthier explicó que esta propuesta tiene el objetivo hacer justicia a la gente que por necesidad ha sido presa fácil del crimen organizado, como los jóvenes que venden o consumen drogas, mujeres, incluso ancianas, a las que agarran de «mulas» para transportar drogas.

En esta situación también caen campesinos que presionados por la situación económica se prestan a rentar sus tierras para la producción de drogas y están en la cárcel injustamente. La amnistía es una parte del proceso que propone López Obrador para lograr la paz.

El coordinador de la campaña de Meade Kuribreña dejó en claro que la esencia en el diagnóstico de seguridad es la impunidad, pues sólo tres de cada 100 delitos son castigados, y por ello afirmó que la propuesta del aspirante del PRI, PVEM y Panal, es hacer un cambio de estrategia de seguridad.

El objetivo es centrarse en cómo abatir la impunidad, para lo cual se plantea fortalecer la capacidad institucional, mejorar la impartición de de justicia y ampliar la capacidad de investigación y la prevención.