Veracruz, Ver.-

El pasado 31 de diciembre, se cumplieron ocho años de que el décimo séptimo distrito judicial de Veracruz carece de un penal donde recluir a quienes la ley halla como responsables de la comisión de un delito.

Fue el gobernador Fidel Herrera Beltrán quien emitió una declaratoria de inhabilidad del penal y quien a principios del 2010 anunció la construcción de un centro de readaptación social en el municipio de Medellín de Bravo con una inversión de 500 millones de pesos, el cual reemplazaría al extinto Allende.

El proyecto de construcción del penal en el municipio de Medellín de Bravo establecía que los trabajos se finalizarían en un plazo de 18 meses.

Dicha obra se adjudicó de manera directa a la constructora Infraestructura Técnica SA de CV, la cual recibió un adelanto de 179 millones de pesos.

Se venció el plazo y el proyecto no registró mayor avance, de lo cual dio cuenta el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) correspondiente al ejercicio fiscal 2012, al informar a los legisladores locales que la obra se encontró “sin terminar y abandonada”.

La constructora responsable de la obra solo levantó parte de la barda perimetral y del área de preliberados, sin registrar mayor avance.

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa anunció el 29 de junio del 2012 que el presupuesto para construir el penal en Medellín de Bravo se incrementaría en 353 millones de pesos, por lo que del monto inicial de 500 millones pasaría a 853 millones 899 mil 312 pesos.

A la fecha, la obra se mantiene en el abandono total, se desconoce el destino que tuvieron los recursos que se aprobaron para la construcción de dicho penal y no hay responsables tanto por el proyecto inconcluso como por un probable mal uso de los recursos públicos.

Por otra parte, la desaparición del penal Allende provocó que los reos de ese entonces fueran reubicados en otros ceresos de la entidad.

Esa misma situación prevalece en la actualidad por la falta de un cereso en este distrito judicial, ya que quienes son hallados como responsables de un delito en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo, La Antigua, Tlalixcoyan y Alvarado son internados en penales ubicados en otras partes del estado, lo cual representa un gasto para el bolsillo de sus familiares, tanto para su defensa legal como para su visita.

Por su parte, abogados manifiestan que la falta de un penal en este distrito judicial incumple lo que establece el artículo 18 constitucional sobre la reclusión, la cual se considera que debe ser cercana al domicilio del reo, ya que se trata de un derecho fundamental.