Dieciséis ex funcionarios detenidos -entre ellos el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa- y 42 denuncias penales por el presunto desvío de recursos públicos son el saldo de las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ante el mal manejo de los fondos en la administración Duartista.

Además se cuantifica la detención del empresario encargado de la construcción de la Torre Pediatrica, César Augusto Morando y la solicitud de desafuero de Tarek Abdala y Alberto Silva, ambos diputados federales que son investigados por el presunto desvío de fondos públicos.

Y en el caso de Gabriel Deantes, ex titular de la Secretaría de Trabajo acude a firmar cada 15 días al penal de Pacho Viejo, al ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Un detenido y un prófugo por el desvío del Seguro Popular

El primer detenido de la administración de Javier Duarte, fue el ex titular del Régimen Estatal de Seguridad Social, Leonel Bustos Solis, quien fue acusado de malversar 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular y el programa Prospera.

El también exfuncionario del gobierno Fidelista, acudió a una audiencia el pasado 20 de enero al Penal de Pacho en donde fue detenido y vinculado a proceso por un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

11 días después de ingresar al penal logró un amparo que le permitió seguir el proceso en libertad, y a pesar que meses más tarde se revocó ese documento a la fecha el ex funcionario Duartista no ha sido localizado y se convirtió en prófugo de la justicia.

El 30 de marzo se detuvo a Mauricio Audirac quien es acusado de desvío de fondos durante la administración del exgobernador y hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

Audirac está relacionado en el caso que se sigue contra el ex director del Seguro Popular en Veracruz, Leonel Bustos, al haber solicitado transferencias entre el 28 de noviembre y 16 de diciembre de ese año por 2 mil 300 millones de pesos, para ser utilizados en “instrumentos financieros”, según consta en la carpeta de investigación.

A diferencia de Leonel Bustos, el ex titular del Orfis permanece recluido en el penal de Pacho Viejo.

El Organo de Fiscalizacion Superior (Orfis) presentó dos denuncias, la primera contra quien o quienes resulten responsables de la Sefiplan por el manejo de 6 mil 282 millones de pesos que fueron entregados por la federación a través de convenios. La denuncia quedó radicada bajo el número de expediente C.I.FESP/272/2017/VIII-04 del ejercicio fiscal 2015.

Al auditar el manejo financiero 2016 se detectaron nuevas irregularidades por el desvío de 272 millones 425 mil pesos y por la la querella se inició la carpeta de investigación FGE/FIM/F10/C.I./343/2017

Bermúdez cumplirá 10 meses en Pacho

El segundo en pisar el penal de Pacho Viejo fue el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Bermúdez acudió a una audiencia en la Sala de Juicios Orales del penal el pasado 3 de febrero y fue detenido por Policías Ministeriales.

Cuando se le vinculó a proceso se informó que estaría en prisión 8 meses, sin embargo, en septiembre se amplió seis meses más su estadia en Pacho Viejo.

Durante el proceso que se le sigue se citó a declarar al ex jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga, y al empresario Roberto Esquivel Hernández.

El pasado 17 de noviembre se dio la detención de siete trabajadores de la SSP, por estar relacionados a la causa penal contra Arturo N.

En el caso de la SSP el Orfis presentó la denuncia FGE/FIM/F4/C.I./334/2017, por el mal manejo de 76 millones 239 mil pesos, en el ejercicio 2016.

Flavino Ríos logra libertad bajo fianza

El 12 de marzo elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron afuera de su domicilio a quien fuera gobernador interino de Veracruz en el último trimestre del 2016, Flavino Ríos Alvarado.

Los oficiales adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) acusaron al ex gobernador interino de ayudar a Javier Duarte de Ochoa a escapar hace 145 días por la vía aérea.

Siete días después de su detención el ex diputado local fue trasladado a un centro médico debido a su estado de salud y tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos, un juez determinó que podría seguir el proceso en libertad.

Ex titular de Caev, también está internado en Pacho Viejo

El 31 de marzo se dio la aprehensión de Francisco Valencia, quien estuvo a cargo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

El ex funcionario fue acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Lo anterior, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) informó que en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, en lo que respecta a su ejercicio 2015, registró un daño patrimonial por más de 25.6 millones de pesos.

Cabe hacer mención que de acuerdo al registro del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), hay dos denuncia penales por el ejercicio fiscal 2015, la primera es la C.I. FESP/552/2016/VII/12, en la que se pidió investigar el desvio de 220 millones de pesos que fueron entregados por la federación.

La segunda corresponde a la carpeta de investigación FESP/471/2017/VII-05, en el que se denunció el mal manejo de 27 millones de pesos que se entregaron como anticipo de obras públicas que no se construyeron.

Acusan a Gina de enriquecerse tras su paso como vocera Duarte de Ochoa

El 20 de mayo tocó turno a Gina Domínguez, ex vocera de la administración de Javier Duarte quien fue acusada de presunto enriquecimiento ilícito.

Gina Domínguez habría usado su cargo como directora de Comunicación Social en el gobierno de Javier Duarte, para beneficiar con contratos y convenios a una empresa de medios que luego pasaría a ser de su propiedad, así también a tres empresas radiofónicas que presuntamente ahora controla de manera editorial.

Tambien se le vincula a la empresa Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI), creada en 2008, presuntamente recibió al menos 17.2 millones de pesos entre 2013 y 2016. Dicha compañía habría pasado a manos de Gina Domínguez en el año 2015.

En el año 2016 el ORFIS presentó denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por el mal manejo de 215 millones 653 mil pesos, que se pagaron a través de la Coordinación de Comunicación Social a presuntas empresas fantasmas.

Torre Pediátrica deja tres detenidos

En el caso de la deficiente construcción de la Torre Pediátrica, se detuvo –el pasado 5 de junio- a Isaias Alonso Salas, quien se desempeñó como Subdirector de la comisión de Espacios de Salud.

Fue detenido por los delitos de fraude e incumplimiento de un deber legal, tras ser vinculado a proceso por el desvío de recursos en la Torre Pediátrica.

La jueza le dictó la vinculación a proceso pero antes de cumplir los seis meses en prisión, el pasado 20 de diciembre, su defensa obtuvo un amparo indirecto contra la vinculación y le fue concedido por falta de pruebas y entonces se determinó la libertad absolutoria para el ex funcionario.

El 5 de junio, también se logró la detención de César Augusto Morando, dueño de la empresa Marca Proyectos S. A. de C. V., responsable de la construcción de la obra hospitalaria que quedó inconclusa, por lo que fue denunciado por defraudar por más de 72 millones de pesos al erario estatal.

El pasado 23 de diciembre se detuvo a Juan Antonio Nemi Dib, por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal relacionado con el mal manejo de recursos públicos, durante la construcción de la Torre Pediátrica.

El Orfis , presentó la denuncia FESP/531/2017/VII-06 en la que se investiga el desvío de 6 millones 845 mil pesos que fueron pagados por obras hospitalarias que no se concretaron.

Cabe hacer mención que desde el pasado 15 de abril el ex gobernador Javier Duarte fue detenido en Guatemala por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.