Washington.
La CIDH rechazó el indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex mandatario Alberto Fujimori y, además de cuestionar que se trate de una decisión humanitaria, aseguró que viola las obligaciones internacionales adquiridas por el país andino.
«El indulto tuvo lugar en medio a una crisis política en Perú que ha sido objeto de consternación, en particular por sus graves efectos sobre la protección de los derechos humanos en el país», manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «El contexto de su adopción impide que la decisión sea transparente e incuestionable», añadió en un comunicado difundido en Washington. Fujimori, de 79 años, fue indultado el domingo por Kuczynski, que alegó razones humanitarias derivadas de su estado de salud.
De los 25 años de cárcel a los que fue condenado por crímenes durante su Gobierno (1990-2000) le quedaban aún 15 por cumplir. Kuczynski tomó la medida tres días después de que el hijo menor de Fujimori, el parlamentario Kenji Fujimori, lo salvara de ser destituido por el Congreso con su voto y el de sus allegados.
«El indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica», afirmó la CIDH. «El Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales», añadió.
Recordó que Perú ha sido una referencia internacional en la lucha contra la impunidad de graves crímenes contra los derechos humanos y avanzó que tras esta decisión se hace necesario revisar esa consideración. «Las circunstancias exigen una nueva evaluación», señaló. La comisión anunció que participará en la audiencia que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la revisión del indulto a Fujimori.
Se trata de una audiencia para revisar el cumplimiento de las sentencias en los dos casos por los que fue condenado: la masacre de Barrios Altos, en la que murieron 15 personas, incluido un niño, y la de La Cantuta, en la que murieron un profesor y nueve alumnos universitarios. Además dejó abierta la puerta a convocar de oficio una audiencia temática durante el próximo periodo de sesiones, en febrero.