•Otro trastupije duartiano

•Subejercicio de 900 MDP

•Saqueo en Seguridad Pública

Luis Velázquez

Uno. “Corrupción brutal, brutal, brutal”

Las pillerías en el duartazgo fueron insólitas. Ambiciosos, cayeron en su trampa y se volvieron insaciables. Se cumplió la leyenda bíblica de los ricos: entre más tienen, más quieren.

Por ejemplo:

El jueves 21 de diciembre, el secretario de Seguridad Pública reveló que su antecesor, Arturo Bermúdez Zurita, cayó en un subejercicio (un presupuesto nunca ejercido) de novecientos millones de pesos.

Y ahora, ni modo, además de una secretaría de Finanzas y Planeación viviendo en la quinta pregunta, están obligados a comprobar y/o a devolver los 900 millones a la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Según Jaime Téllez Marié, son varios los fondos de seguridad pública donde el mal fue causado. Corresponden al subejercicio de varios años. Recursos públicos que acaso habrían sido desviados a otros programas, a otras regiones y/o a otros bolsillos.

La famosa llamada “Operación licuadora”.

Dijo el titular de la SSP:

“La verdad, la verdad, la verdad, es que fue un desaseo total, una corrupción brutal, brutal, brutal y muchos nos quedamos callados, porque no se dijo en su tiempo”. (Diario de Xalapa, José Morales, 22 de diciembre)

Incluso, y lo siguen investigando, parte del dinero bien pudo quedar en las famosas empresas fantasmas, y que por ahora se han traducido en ciento cincuenta denuncias penales ante la Fiscalía General según lo revelara el Contralor Ramón Figuerola en su primera comparecencia en la LXIV Legislatura el martes 28 de noviembre.

Dos. Jineteo bursátil

El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, maestro universitario, va al grano:

De acuerdo con la práctica universal, cuando hay subejercicio se debe a que los políticos ponen a sudar en el mundo bursátil el dinero público.

Tal cual, “ordeñan la vaca”.

Durante meses, años incluso, la inversión pública se contrae, y por ningún lado hay obra de infraestructura.

Se debe, entre otras cositas, la más importante, a que el dinero es jineteado en los grandes carriles de la especulación financiera.

Y uno o dos años o más después, el político devuelve el capital concreto y específico que fue jineteado, alardeando honestidad, pero se queda con los intereses generados y ganados.

Por ejemplo, recuerda que en el duartazgo parte del presupuesto anual y de los recursos federales fueron “jineteados”.

Jineteado, por ejemplo, el Fondo Metropolitano para apoyar a los presidentes municipales.

Jineteados los fondos para la educación.

Y de pronto, zas, parte del dinero oficial es lanzado en una obra pública con lo que el político “se cura en salud” para evitar ser acusado de una pillería y/o de un subejercicio.

Mucho teme Carlos Ronzón que en este año, la yunicidad haya “jineteado” los recursos de obra pública, pues durante la mayor parte de los meses se la pasaron cacareando que SEFIPLAN estaba saqueada por completo, cuando, caray, el dinero federal fluye.

Y más, cuando de pronto, “el gobierno del cambio” inició la reconstrucción de las carreteras Naolinco-Misantla, Coatepec-Xalapa y Minatitlán-Coatzacoalcos.

En su momento, la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, castigó a Veracruz por el subejercicio cometido en la Comisión del Agua, de donde, por cierto, fue titular el empresario gastronómico Francisco Valencia, preso en el penal de Pacho Viejo.

Tres. Todos callaron…

Ahora resulta insólita la revelación del secretario de Seguridad Pública.

El subejercicio de 900 millones de pesos cometido en el duartazgo en la dependencia de Arturo Bermúdez Zurita, a quien tienen acusado de todo, menos del “delito de lesa humanidad” como es la desaparición forzada.

Y aun cuando por ahí existe, parece, una denuncia penal, su avance ha sido guardado como un asunto de seguridad nacional.

“Fue un desaseo brutal. Una corrupción brutal, brutal, brutal” dice Téllez Marié.

Habría de recordar que en el duartazgo, el presidente del CDE del PRD, Rogelio Franco Castán, se plantó en la escalinata de la Catedral, frente al palacio de Xalapa, con los presidentes municipales de su partido denunciando “el jineteo bursátil” de los recursos federales y estatales.

Y nunca, jamás, caminó la denuncia.

Por el contrario, todos callaron.

Calló el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, con Antonio Lorenzo Portilla Vázquez al frente.

Calló la Comisión de Vigilancia del Congreso local, con el profe Juan Nicolás Callejas Arroyo, QEPD, como coordinador de la bancada priista, que entonces era mayoría.

Calló el Contralor, el panista Ricardo García Guzmán.

Calló el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín.

Callaron los directores administrativos.

Callaron los auditores internos y externos.

Y no obstante las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación en la Procuraduría General de la República, también calló la secretaría de Hacienda y Crédito Público que de acuerdo con la ley estaba obligada a congelar las participaciones federales a Javier Duarte hasta aclarar paradas.

Por eso, atrás de la denuncia de Jaime Téllez han de existir denuncias penales en contra de los ex funcionarios anteriores, pues la Ley de Servidores Públicos dice que la negligencia también es un delito.

Todos fueron cómplices.

Y lo peor, la generación duartiana en el poder público desoyó la inconformidad social y popular y simple y escuetamente, le valió.

Soberbios. Petulantes. Engreídos. Capataces de la hacienda porfirista en que convirtieron el gobierno de Veracruz.