Xalapa, Ver.- Mediante reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, busca que se tipifique como delito el espionaje contra la procuración y administración de justicia, conocido coloquialmente como “halconeo”.

Por lo que de aprobarse su iniciativa en el Congreso Local, a quien incurra en esta conducta se le impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medidas y actualización (de 30 mil 196 pesos a 60 mil 392 pesos).

El artículo 371 de dicho ordenamiento, de ser modificado, definiría que comete “halconeo”, quien utilice instrumentos punzo cortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Además, la persona que posea, porte o utilice para el espionaje, en su persona, domicilio o en el lugar donde se le aprehenda, equipos de comunicación de cualquier tipo o que utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comisiones oficiales o privadas.

Sería un “halcón”, quien permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumentos de comunicación en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la señal o las comunicaciones; también quien tenga en su poder al momento de la detención, uniformes, prendas de vestir, insignia, distintivos o equipos correspondientes o similares utilizados por cualquiera de las instituciones o corporaciones de los tres órdenes de gobierno o militares.

En la redacción adicionalmente quedaría estipulado que incurriría en el ilícito, la persona que tenga en su poder, al momento de ser aprehendida, escritos o mensajes producidos por cualquier medio, que tenga relación con alguna pandilla o miembros de la delincuencia organizada, de algún grupo o actividades delictivas; así como de actividades de las corporaciones de seguridad pública y armadas del país.

Otros de los supuestos de “halconeo”, serían cuando una persona tenga consigo accesorios u objetos que se utilizan en las patrullas; detente, posea, conduzca o custodie un vehículo que simule ser de las corporaciones policiacas; aceche, vigile o realice las funciones de obtener o comunicar información a una agrupación delictiva sobres las acciones y, en general, las labores de los elementos de seguridad pública de cualquier índole.

Y finalmente, quien participe, dañe, altere o impida el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública, establecimientos o edificios públicos, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas mexicanas.

Las penas, se lee en la propuesta del mandatario, se incrementará hasta la mitad cuando sin su consentimiento, se empleen menores de edad, personas con discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito; además a quien instale, ordene o mande a instalar sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores sin la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el planteamiento del titular del Ejecutivo, se plantea que las sanciones se incrementen hasta una cuarta parte cuando se utilice algún vehículo de transporte público de pasajeros o sea similar en apariencia a éste; y hasta el doble cuando siendo un elemento policiaco o militar, incurra en las conductas descritas en los párrafos anteriores o haya sido servidores públicos de los tres niveles de gobierno.