Xalapa, Ver.- Por negarse a pagar 5 mil pesos de garantía económica, la suspensión provisional otorgada a Leonel Bustos Solís para no ser aprehendido, ha dejado de surtir efecto, por lo que si la Fiscalía General del Estado (FGE) lo tiene ya ubicado, puede detenerlo.

Bustos Solís está amparado en el Expediente 680/2017 del Juzgado Decimoséptimo de Distrito, y de acuerdo con la publicación este lunes de la lista de acuerdos de su caso, el juez federal informó que por falta de pago ha dejado de surtir efecto la suspensión provisional otorgada el pasado 27 de junio.

«Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que exhibiera la garantía solicitada mediante resolución interlocutoria de veintisiete de junio del año en curso a efecto que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a su favor en este incidente.

«En consecuencia, con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que la medida suspensiva ha dejado de surtir efectos y, por ende, tienen expeditas facultades para ejecutar el acto reclamado», señala parte del resolutivo dictado este lunes.

Leonel Bustos está acusado de un quebranto de 2 mil 300 millones de pesos, pues a su paso como titular del Seguro Popular, avaló 23 trasferencias bancarias de las cuentas del programa a una del Gobierno del Estado.

El ex servidor público en tiempos de Javier Duarte de Ochoa está acusado por la Fiscalía de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias, con una posible sentencia de 30 años, en la carpeta de investigación 243/2016.

Quien fuera director del Régimen Estatal de Seguridad Social (REPS) de Veracruz, fue recluido en Pacho Viejo el 20 de enero, luego que Verónica Portilla Suazo, juez de control, dictara la medida cautelar por tres meses, al encontrar elementos suficientes para presumir que podría sustraerse de la acción de la justicia, pues cuenta con diversos domicilios y tiene una solvencia de al menos 20 millones de pesos.

El 25 de enero, se dictó la vinculación a proceso, pero seis días después, el 31 de enero, Bustos salió de prisión, al lograr una suspensión provisional de la medida, determinación que fue impugnada por la FGE.

El 3 de febrero, la defensa solicitó un amparo para evitar volver a la cárcel, pero la suspensión definitiva fue negada el 14, abriéndose la posibilidad de devolverlos a prisión.

El 2 de marzo, la FGE solicitó una nueva orden de aprehensión, que fue concedida; sin embargo, la situación jurídica de Bustos es oficialmente de prófugo de la justicia, pues una vez que salió de la cárcel, se le perdió la pista.​