Por José Lima Cobos*
El Ejército Nacional no tiene por qué estar en las calles haciendo labores propias de la policía o de la autoridad civil, por ser cosa menor, pues su labor es más profunda como es defender la soberanía nacional y acribillar a quienes pretendan mancillarnos o bien al poner en peligro la estabilidad nacional, previa observancia a lo que la constitución del país precisa y determina, pero este desorden comenzó cuando- esos de doble moral- el panista Felipe Calderón Hinojosa, aliado con la maestra Elba Esther Gordillo, líder del sindicato más poderoso de latinoamericana atracaron el país para consumar el fraude que Vicente Fox Quesada- otro panista arrepentido- consintió, alimentó y alentó.
No es casualidad lo que vivimos y sufrimos, pues ante el temor de que la crisis política se saliera de control a resultan de que Andrés Manuel López Obrador había tomado la avenida reforma para protestar por el fraude electoral que el panismo había consumado, el impostor Calderón Hinojosa vistió la casaca del ejército mexicano y creyéndole el general que había ganado mil batallas, y lanza en ristre, declaró la guerra al narcotráfico, ello para atemorizar a la nación precisamente en el Estado de Michoacán, gobernado por perredistas y origen del general Lázaro Cárdenas.
Esta falta de respeto al ejército por parte del presidente de la república al sacarlo de los cuarteles para enviarlo a realizar funciones de policías como es el combate al narcotráfico, fue un exceso cuyas consecuencias están a la vista, pues si bien es cierto que puede disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior, no menos cierto es que tiene que observarse el artículo 29 constitucional que precisa “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, lo que significa, lisa y llanamente que no se necesita una ley de seguridad interior para que el ejército actúe sin alguna reclamación posterior, sin embargo, en la forma arbitraria actual, da margen a que se le denosté innecesariamente, pues lo contrario, es pretender militarizar al país, lo que es criminal.
La debacle en que se encuentra el país es resultado de las complicidades y corruptelas que el gobierno federal ha solapado de manera exponencial, pues en lugar de proceder contra los gobernadores y presidentes municipales que han saqueado a la nación tanto de los recursos federales como los que se recaudan directamente, que ha propiciado que la delincuencia se empodere ante el ejemplo ominoso que se le brinda, así es que todo seguirá igual en tanto se alimente y se aliente actos que evidencian que la corrupción somos todos y ahora se utiliza al ejército para que apoye a esos gobiernos que han sido complacientes o cómplices de la delincuencia organizada y como el mal ejemplo cunde, no existe otra salida que empezar, pero en serio y en serie a revisar el patrimonio de los políticos y empresarios coludidos con la delincuencia organizada y con la energía que da la probidad, sí se tiene, que el Estado rescate para la nación la riqueza indebidamente acumulada de muchos que son los causantes de la miseria que existe en el país.
Por ello, los gobernadores arropados por el presidente Peña hablaron siempre de la necesidad de una ley de seguridad interior, supuestamente para combatir a la delincuencia, pero nada dicen de que se reduzca su bandidaje que no tiene límites, porque no se puede justificar y explicar, como una minoría de políticos y empresarios dilapidan la riqueza mal habida y el pueblo se aherroja a su miseria para coaligarse o cobijarse en la delincuencia cuando ven que en este país no hay consecuencias, es decir, los que están en la cúpula quieren que el ejército siga en las calles para que les garantice su seguridad, y acumular más riquezas, a costa de la explotación y el engaño.
Sin una decisión contundente y ajena a contemplaciones el país no saldrá jamás de su atolladero y se nos seguirá considerando un auténtico peligro y tan es así que sin estar en una guerra civil, hay tantas muertes que asombran, en síntesis nos hemos convertido en un cementerio nacional y los gobernadores y presidentes municipales no cumplen sus funciones y quieren que las fuerzas armadas sigan en las calles para que ellos vivan en la impunidad más espantosa, medrando a costa del erario público.