Jose Lima Cobos*
Un poco tarde, – como cinco años- ,¡ por fin! le cayó el veinte al presidente Peña Nieto al dar luz verde para que la procuraduría general de la república abriera las carpetas de investigación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ello es así porque el artículo 102 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que el procurador General de la República es designado por el presidente y ratificado por el senado y le incumbirle solicitar las órdenes de aprehensión a los inculpados, solo que el gobernador, alto funcionario , no fue desaforado para que se le dictara una orden de detención.
Si las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación contra Duarte estaban desde hacía varios años por “manejo indebido de fondos y recursos federales” artículo 108, quiere decir que los procuradores Murillo y Arely Gómez, han incurrido en un delito por su omisión en no integrar las carpetas respectivas, o bien, fueron impedidos por su jefe inmediato, de suerte que tendrá que procederse contra ellos, porque de otra manera , no se combate la impunidad sino que se alimenta, se alienta , se estimula.
El presidente Peña vino a Veracruz a reafirmar su compromiso de combatir la impunidad y si los dos procuradores no hicieron lo que la ley mandata quiere decir que tendrán que ser imputados para que se llegue al fondo de problema-no premiados , casos de Gómez en la Contraloría de la federación , habida cuenta que el daño patrimonial es endemoniado y sin embargo, la secretaría de Hacienda, que maneja los recursos de la nación, permitió que se continuara con el saqueo, cuando ahora se sabe que desde el inicio de su mandato Duarte integró su red criminal para el manejo de los bienes públicos federales, por medio de empresas fantasmas.
Los gobernadores, diputados locales, magistrados –artículo 110 constitucional- solo podrán ser sujetos de juicio político “por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”, en concreto, la legislatura todavía no retira el fuero al imputado y ese tema se volverá interesante pero ya no le tocará a Peña Nieto.
Si se observa el artículo 114 constitucional precisa que el procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, por lo que la red de complicidad para que se alcance la impunidad es tan amplia como las establecidas para el saqueo del Estado- que nadie hizo nada- y el problema estará en su recuperación, que sin es pírrica, dará amplio margen para la burla y el enojo de la sociedad que nuevamente será lastimada.
A toro pasado se ha dado el escándalo mediático, sin que quede definido el propósito a donde se quiere llegar, – salvo al ridículo- cuando se tuvo todo el tiempo necesario para llevar un procedimiento adecuado y ajustado a los ordenamientos jurídicos, de manera que no hubiera duda de la no existencia de contubernio, porque como se ven las cosas, ante el cúmulo de recursos de los que serán imputados, los días correrán a su favor, pero como decía Reyes Heroles – el grande- “para que averiguar lo que se va a saber”.