Ciudad de México.-El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que busca erradicar estos delitos y proteger los derechos humanos.

La iniciativa considera que «comete el delito de tortura, el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, [la usa] como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas de discriminación o cualquier otro fin».

También quien «cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. [Quien] realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo». Establece penas de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.

Consta de 96 artículos, donde plantea el establecimiento de competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otras prácticas inhumanas. Además, establece tipos penales, incluyendo la posibilidad de cometer el delito de tortura en grado de tentativa; también plantea sanciones al delito de tortura, y medidas específicas de reparación del daño y atención a las víctimas.

Finalmente, estipula la obligatoriedad del protocolo de Estambul para la evaluación psicológica de los detenidos con el objetivo de determinar la existencia de tortura, así como la creación de fiscalías especializadas y la del Mecanismo Nacional de Prevención, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Registro Nacional del Delito de Tortura.