Veracruz, Ver.-El documento que envío el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al Congreso y que será turnado a la Comisión de Hacienda del Estado en la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, no contempla ajustes al Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, sino que estos se harían “durante el año” y cuando “sean necesarios”.

En el texto, el mandatario estatal indica que ejercerá el total aprobado por la Legislatura de 101 mil 988 millones de pesos, aunque destaca el déficit por más de 22 millones de pesos que tiene su gestión y que le dificulta cumplir los diversos compromisos.

“El Ejecutivo aplicará la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos, aprobados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2017, reiterando que existe un déficit presupuestal”, expone en el escrito dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sáinz, de fecha 30 de marzo.

Asimismo, acota que, “durante el año se harán los ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a esta soberanía, en atención a las disposiciones legales que nuestro estado contempla. Siempre en estricto cumplimiento en la aplicación de los recursos etiquetados para los fines a los que están destinados”.

En el oficio, solicita al parlamento local para que, en correspondencia con la realidad del estado, realice acciones de control y ajuste presupuestal al interior de su aparato administrativo y haga un exhorto hacia los poderes, ayuntamientos y organismos autónomos del estado y constitucionales, para que se sumen a dichos esfuerzos.

Yunes Linares recuerda que desde el 1 de diciembre de 2016, cuando asumió el encargo, encontró un déficit financiero que le impedía cumplir con los compromisos fundamentales de operación para el cierre del ejercicio por más de 9 mil millones de pesos.

“Este desequilibrio en la liquidez del estado, fue resultado de pagos efectuados por la administración anterior sin disponibilidad presupuestal, aunado al hecho de que se utilizaron los recursos federales para el pago de gastos no etiquetados”, apunta.

El titular del Ejecutivo veracruzano explica que derivado de los análisis subsecuentes a esa fecha, “es que hemos sostenido que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017, es deficitario al prever cubrir gastos con recursos de recursos no etiquetados, con recursos destinados a un fin específico distinto, provocando desde su origen, insuficiencia de recursos para hacer frente a pagos de tales fines específicos”.

Adicionalmente, comenta, se han detectado situaciones en las que se asigna un presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades reales de algunas dependencias y entidades, así como existen casos de nóminas que se tienen que cubrir y cuyo presupuesto destinado para dicho rubro no es suficiente, tal es el caso de los sectores educativo y de salud.

“Estos excedentes en el gasto no reconocidos en el presupuesto autorizado nos arrojan un déficit de más de 22 mil millones de pesos, monto que no incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores que agregan un presión mayor a la situación financiera de nuestra entidad”, puntualiza.

En sus palabras, el gobernador advierte que la reestructura financiera de la deuda, recientemente aprobada por los diputados locales, podría tardar un tiempo promedio de seis meses, pues “hasta el momento en que se concreten dichas negociaciones se podrá cuantificar la disminución de las retenciones a las participaciones federales, parte sustantiva en el gasto del estado”.

Miguel Ángel Yunes presume que en estos primeros meses de su administración “se han realizado importantes acciones y esfuerzos recaudatorios y de control presupuestal”, especificando el ajuste al gasto operativo de dependencias, organismos públicos descentralizados y fideicomisos y la publicación del decreto que establece el programa de reducción del gasto para el rescate financiero de estado 2016-2018.

Entre las medidas adoptadas, enumera, están las de transparentar el uso y aplicación de los recursos; evitar duplicidad de funciones, procurando reducir áreas adjetivas; limitar el arrendamiento de bienes muebles; restringir el uso de aeronaves propiedad del estado y la transportación aérea.

Además, instrumentar medidas para el ahorro de servicios básicos; prohibir telefonía celular con cargo a recursos del estado; restringir viáticos a funcionarios públicos y la utilización de plazas vacantes y suplencias; controlar estrictamente los gastos de comunicación social eficientar el uso de tecnologías de información y comunicaciones.

Se añaden la reestructuración de la deuda financiera a largo plazo, lo que permitiría pagar menores tasas de interés; el fortalecimiento de la infraestructura y capacidad recaudatoria para incrementar los ingresos derivados de impuestos federales y de comercio exterior; la generación de una mayor eficiencia a través de estímulos fiscales en los impuestos de erogaciones al trabajo personal subordinado y contribuciones vehiculares.

Están también la recuperación de la cartera vencida y la normalización de pago de los derechos de los organismos públicos descentralizados, para que sus recursos ingresen a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).