La detención del ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, uno de los hombres fuertes de Brasil bajo la gestión del Partido de los Trabajadores (PT), y su liberación horas después por una delicada situación personal, desató ayer un nuevo escándalo en el marco de la operación Lava Jato y elevó la tensión política en vísperas de las elecciones municipales de octubre.

Mantega fue arrestado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en un operativo en el que también fueron detenidos otros seis empresarios sospechosos de participar en el pago de sobornos, entre ellos directivos de la constructora Mendes Júnior y el director en Brasil de la ingeniería española Isolux, Francisco Corrales, que fue detenido en su país.

La orden de detención temporal por cinco días contra Mantega -que había sido dictada en agosto- fue, sin embargo, revocada pocas horas después para permitirle acompañar a su esposa, que padece una  “enfermedad grave”, según un escrito del juez Sergio Moro, que está a cargo de  la causa en la petrolera estatal Petrobras. Moro señaló que la cooperación de Mantega con las autoridades, el hecho de que ya habían allanado su casa y que estaba dando apoyo a su mujer enferma son señales suficientes de que no obstaculizará la investigación. El ex ministro debía ser traslado a Curitiba, donde se tramita la operación Lava Jato.

Mantega es investigado por un pedido que habría realizado en 2012 al  empresario Eike Batista para cancelar “deudas” de campaña por US$ 2,5 millones (al cambio promedio de esa época),  precisó el procurador federal Carlos Dos Santos Lima en  Curitiba.

En momentos en que la investigación sobre sobornos a políticos se cierra en torno a los principales líderes del PT (ver galería) la imputación de Mantega en la causa por el “Petrolão” representa un duro golpe para el ex Presidente, a quien el martes el juez Moro decidió llevar a juicio tras aceptar los cargos por corrupción y lavado de dinero formulados en su contra.

Varias de las figuras clave del primer gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003, se encuentran actualmente investigadas o detenidas. En mayo pasado fue  sentenciado a 23 años de cárcel José Dirceu, ex jefe de gabinete, mientras que Antonio Palocci (Hacienda) está siendo investigado. A su vez, el ex tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, fue condenado en mayo pasado a nueve años de prisión por corrupción.

El caso de Mantega complica, además, la situación de la sucesora de Lula -quien también fue ministra en ese primer gabinete. Si se comprobara que Mantega solicitó dinero ilegal para pagar gastos de campañas del PT, esto también afectará a Dilma Rousseff, destituida en el impeachment concluido el 31 de agosto. En ese juicio político, la mandataria fue condenada por violar las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal, pero no por financiamiento ilegal de campaña. “Este hecho tal vez marque el fin de una época de favores y corrupción, que ya está cercando no sólo a Lula, sino también complicando a Dilma”, dijo el analista de Globo, Carlos Alberto Sardenberg.

Lula atribuyó la detención de su ex colaborador a una campaña contra el PT a pocos días de los comicios municipales del 2 de octubre. “Se están acercando las elecciones y ellos vienen por el PT”, dijo el ex Presidente.

Un punto de vista que defiende Lincoln Secco, historiador de la Universidad de Sao Paulo. A juicio del autor del libro Historia del PT, algo similar ya aconteció en las últimas municipales. “La   detención  de José Dirceu fue hecha días antes de la votación. Hay una combinación de calendario  de Lava Jato con el de las elecciones”, dice a La Tercera.

En cambio, Roberto Romano, cientista político de la Universidad Estadual de Campinas, no cree que exista una persecución contra el PT. “El espectro corrupto es mucho más amplio”, dijo. “La detención de Mantega y de otros, la posible prisión de Lula y su esposa, es un acto apenas de la tragedia política brasileña. Las próximas escenas serán ejemplares”, vaticina.