Por: Diego Rodrigo

Este lunes por la mañana, dos sacerdotes y un auxiliar fueron levantados por sujetos armados, cuando se encontraban en el interior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Petromex.

El ataque perpetrado contra dos sacerdotes de la Iglesia Católica en Poza Rica, no es el primero que ocurre en nuestro país en los años recientes, al contrario es un eslabón más en una larga cadena de secuestros y asesinatos contra ministros de culto. Posterior al secuestro, los clérigos Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, así como el asistente de la iglesia fueron obligados a subir a los vehículos que los delincuentes tenían preparados en las goteras de la parroquia.

Desde la mañana de este lunes, la Fuerza Civil, el Ejército y la Marina sitiaron la iglesia, que ya comenzaba a congregar a decenas de feligreses, e iniciaron la búsqueda. Casi dos horas después de los hechos, el asistente de los curas, Miguel X, fue encontrado, afortunadamente sano, en el punto conocido como La Curva del Diablo, que se ubica en la carretera Poza Rica-Papantla; sin embargo, los dos sacerdotes no corrieron con la misma suerte; fueron ejecutados. Esos hechos provocaron, como era predecible, un ambiente de preocupación entre la sociedad de Poza Rica y particularmente entre la feligresía católica.

El crimen se registró un día después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal iniciaran un operativo de seguridad y vigilancia en Coatzintla, Papantla, Poza Rica y Tihuatlán. Incluso, el pasado fin de semana, el comandante de la Sexta Región Militar, general de división Juan Manuel Rico Gámez, anunció el despliegue a dicha zona de varias unidades para el combate al delito, que se enfocaron a la supervisión del transporte público, de unidades particulares y de carga; al patrullaje diurno y nocturno; a operativos en bares y cantinas; y a recorridos por escuelas y parques.

Nadie contaba, sin embargo, con que entre las víctimas de la delincuencia podrían estar los sacerdotes de la iglesia católica, que no escapan de la ola delictiva y de violencia que se vive en Veracruz y en el país entero.

Este secuestro, decía, no es el primero que se registra contra ministros de culto: en abril de 2015, por ejemplo, el padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, que oficiaba en Salvatierra, Guanajuato, fue ultimado a balazos. Dos años antes, en octubre de 2013, fue secuestrado el presbítero Juan Carlos Ackerman Ayón, en Tijuana, Baja California.

En Tamaulipas, sólo durante 2013, se reportó la desaparición de tres sacerdotes; en tanto que uno más fue asesinado a golpes; este último respondía al nombre de Guillermo Amaro César.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Católico Multimedial, sólo durante 2014 se reportaron 4 asesinatos, tres sacerdotes y un laico que era acompañante. En total, en los últimos 24 años se han documentado 47 atentados contra miembros de la Iglesia Católica; de esos, 45 fueron homicidios y dos, secuestros cuyas víctimas no aparecieron.

Sólo durante los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de sacerdotes católicos asesinados llegó a 11; 13 contando a los dos de Poza Rica. Entre 1990 y 2015, la lista de víctimas incluye a un cardenal, 41 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, 5 laicos y una periodista católica.

Los dos sacerdotes levantados en Poza Rica y asesinados en territorio papanteco lamentablemente engrosaron la lista de las víctimas que pertenecen a la iglesia católica, cuya Arquidiócesis de Xalapa se pronunció, el pasado 22 de mayo, contra la inseguridad que se vive en Veracruz.

En aquella ocasión, la Arquidiócesis se refirió a los hechos ocurridos en la iglesia Santa Rita, del puerto de Veracruz, donde un comando ingresó y secuestró, para después dar muerte, a una persona que se encontraba en el interior. En esta ocasión, ante un hecho tan cruento y brutal, la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, envió sus condolencias a la Diócesis de Papantla, que tiene como obispo a José Trinidad Zapata, y pidió al gobierno estatal el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables. La CEM expresó “dolor e indignación ante la violencia ejercida contra ellos”.