Mencionó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, que la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el ayuntamiento de Veracruz encabezan la lista de instancias con el mayor número de recomendaciones por violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Señaló que en lo que va del año han atendido más de 8 mil personas, quienes tanto presentan quejas contra alguna instancia, como también solicitan ayuda para orientación jurídica, humanitaria o de gestoría.

Resaltó que en este 2016 la atención a la CEDH ha crecido y se ha acercado más a la población, con lo cual busca ganarse la confianza de los ciudadanos, pues admitió que su llegada a la comisión no fue nada sencilla y muy cuestionada, pero ahora ya está dando resultados.
Entre las recomendaciones emitidas este año, destacó que la instancia con el mayor número es la Secretaría de Salud con un total de 4, derivado de quejas de pacientes sobre la mala atención. También con cuatro recomendaciones se encuentra el ayuntamiento de Veracruz por diversas situaciones en la atención a los ciudadanos por la prestación de servicios municipales.
Por los abusos policíacos que se cometen por parte de integrantes de la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública ocupa el tercer lugar en las recomendaciones de este año con un total de 3.

En este caso, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recordó que cada año, era la Secretaría de Seguridad Pública la que ocupaba el primer lugar, pero ahora esa situación ha cambiado, pues se ha logrado capacitar al personal para disminuir los casos de abusos contra la población.

Namiko Matzumoto Benítez indicó que varios ayuntamientos de la entidad han recibido recomendaciones, en su mayoría por los abusos de los elementos de las policías municipales. Es en este punto, donde dijo, se debe seguir trabajando para contrarrestar los abusos.

La Fiscalía General del Estado también aparece en los primeros lugares de recomendaciones con 3, sobre todo relacionadas con irregularidades y vicios presentados en la etapa de integración de las carpetas de investigación, afectando el derecho de acceder una impartición de justicia de los quejosos.