“El Estado mexicano cada día se evidencia a nivel internacional, como un Estado violador de Derechos Humanos locales y del marco jurídico internacional en la materia. El Estado mexicano se encuentra en franca rebeldía en contra del Estado de derecho internacional”, sostuvo John Ackerman, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sociólogo afirmó que el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, desconoce sistemáticamente las resoluciones y exigencias que instancias internacionales resuelven sobre violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro país, como la opinión 17/2016, emitida el pasado 26 de abril por la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras la aprehensión irregular de 25 simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR).

En dicha resolución, la ONU demandó la liberación inmediata de 25 hombres, 17 de ellos presos en el penal regional de Etla y el resto, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Miahuatlán, ambos ubicados en Oaxaca; que se investigue la posible comisión de actos de tortura en su contra y se repare el daño causado, luego de que fueran encarcelados acusados de delitos electorales, terrorismo y de la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas el siete de junio de 2015 sin que hasta ahora, el gobierno haya cumplido con la exigencia.

Ackerman informó de la integración de una comisión de enlace en la que participan activistas e integrantes del grupo parlamentario de Morena, para dar acompañamiento y asesoría a los familiares de los 13 docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Recordó que en la marcha del pasado 26 de junio, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, hizo patente su respaldo al movimiento magisterial; no solo con la CNTE, sino con todos los movimientos de docentes inconformes del país y anunció que además del apoyo a través de la movilización, también sería por la vía jurídica.

Después de varias reuniones, se acordó que la comisión de enlace esté conformada por la diputada de Morena, Araceli Damián; Irma Sandoval y Bernardo Bátiz, quienes se integrarán al Congreso Constituyente para aprobar la Constitución de la Ciudad de México; Carlos Figueroa, secretario de derechos humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y el propio Ackerman.

El también docente en la UNAM denunció que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, están obstaculizando los procesos judiciales en contra de los presos políticos -incluidos los docentes- e inventándoles cargos, en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial.

Y aunque varios de los casos en los que se señala a docentes como posibles responsables de diversos delitos ya son analizados por instancias internacionales, Ackerman sostuvo que la comisión respaldará a los familiares de los maestros para que sus casos lleguen hasta las más altas instancias de derecho.

“Es urgente construir un camino de entendimiento y trabajo conjunto entre los movimientos sociales y el único partido político que está comprometido con la sociedad. No podemos permitir que nos dividan a los luchadores sociales y a los que eligen la vida política. A través de la movilización en las calles y también en las urnas, que es como vamos a cambiar a México”, dijo.

El diputado federal Virgilio Caballero, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que “el sistemático acoso judicial y laboral en contra de maestros y de los directivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, demuestra que el gobierno no tiene una auténtica voluntad de diálogo”.

Agregó que en el caso de los 13 presos políticos de la Sección 22 y 25 del FPR, organización solidaria con la lucha magisterial de Oaxaca, los delitos de los que se les acusa han sido fabricados con el fin de castigarlos por su activismo político y social y que además, hay una práctica sistemática en los juzgados estatales y federales para dilatar innecesaria e ilegalmente los procesos judiciales.

A nombre de su grupo parlamentario, Caballero exigió la cancelación de la reforma educativa; la reinstalación de todos los maestros despedidos, la recuperación de los salarios de los docentes en lucha, así como la liberación inmediata de los presos políticos del magisterio nacional y de las organizaciones sociales solidarias con su causa, en particular en Oaxaca.