La justicia para los migrantes centroamericanos se vislumbra lejana, así como es imperceptible la crisis migratoria en su paso por México sus derechos quedan opacados ante una política de detención que obedece a intereses neoliberales, entran en un «círculo de vulnerabilidad» puesto que para ellos volver no es una opción ante la violencia agravada en sus países, indicó la investigadora en la materia, Patricia Zamudio Grave.

La académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo) refiere que su criminalización y vinculación con grupos delincuenciales como La Mara Salvatrucha (MS13) es otro factor que les impide calificar para obtener una visa de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Cabe destacar que el Ministerio de Gobernación en Guatemala indicó a The Associated Press (AP) que el cártel Los Zetas, –organización delictiva con presencia en Veracruz– ha estado reclutando maras como colaboradores para restablecer sus dominios, por lo que no se descarta que podría estar captando a centroamericanos en su tránsito por México; AP indica que este nexo del hampa tiene más capacidad de articulación, estrategia y maniobra criminal.

La también activista vinculó que en cuanto a la población que se está movilizando sobresalen aquellos jóvenes que fueron miembros de alguna organización del crimen organizado, obligados a reclutarse y que se tratan de esta forma de salir de ese modo de vida, o fueron amagados y no encontraron otra solución que escapar de sus países.

«Esto hace muy difícil que sean acogidos por las autoridades mexicanas por todos los prejuicios que hay sobre estos jóvenes que, aunque en algunos casos hayan sido reclutados en contra de su voluntad ya tienen el estigma de haber pertenecido a La Mara», dijo.

Pero para los migrantes en general manifestó que esta situación de violencia parece repetir el círculo de riesgo del que son objeto, puesto que al ser repatriados muchos de ellos se exponen, tanto a los peligros de sus propios lugares de origen, como al volver a intentar cruzar la frontera y reemprender la odisea hacia Estados Unidos.

«La condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas los hace blanco fácil para ataques y violaciones a sus derechos humanos, porque México le está dando más importancia a detener que a asegurar que todos esos procesos de detención se hagan de la manera irrestricta a respetar los estándares internacionales que garantizan la protección a los derechos humanos», remarcó.

Esto replantea la necesidad cada vez mayor de organismos no gubernamentales (ONG) para, tanto atender el fenómeno como estudiarlo, «las personas que aplican para ser refugiados es más probable que lo obtengan si van acompañados de organizaciones de la sociedad civil puesto que tienen cierto expertise, pero además porque conocen el camino para conseguirlo, formas jurídicas, experiencia, entre otras».

Por otro lado, enfatizó que están también aquellos quienes son víctimas de la comisión de un delito y se hallan supeditados a riesgos acrecentados debido a su tránsito y por su condición de extranjeros e indocumentados, «esto les hace más difícil el acceso a la justicia, la Ley General de Víctimas es clara en sus perfiles».

A través de sus años de estudiar el fenómeno migratorio en sus distintos aspectos comenta que la movilidad humana en tránsito irregular de centroamericanos por México está caracterizada por un contexto de violencia.

Enfatiza que no existe realmente una noción clara de la magnitud del problema puesto que las denuncias a los atropellos cometidos contra los viajeros son sólo una mínima parte de lo que realmente está aconteciendo.

«Lo que hemos notado en estos flujos son, primero, las condiciones que están presentes en las comunidades y las regiones de origen para que las personas estén tomando la decisión de migrar», expresó.

Expuso que desde hace muchos años la situación de económica de inestabilidad los países expulsores de migrantes en Centroamérica, y sobre todo de precariedad y marginación, ha obligado a las personas a escapar al no hallar medios de subsistencia, no obstante en las últimas décadas la violencia se ha recrudecido, complicando aún más su panorama.

Zamudio Grave destacó que esta nula preparación para el trayecto es de relevancia, ya que algo notorio es que en años recientes el éxodo era más organizado y se disponían con más tiempo. «Antes era un poco más pensada, había más elementos de planeación incluso vender o empeñar alguna propiedad, preparar muy bien la relación con las redes sociales que tienen principalmente en Estados Unidos, aunque también en México».

De acuerdo a una encuesta de victimización desarrollada en 2015 por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), 88.2 por ciento de los migrantes atendidos manifestó que la violencia generalizada en sus países de origen era una fuerte razón de preocupación y que de entre las razones específicas para migrar, los ataques directos fueron mencionados por 18 por ciento de los hondureños y 19 por ciento de los salvadoreños; mientras que las amenazas directas y los intentos de reclutamiento forzado representaron 32 por ciento; ocho por ciento en relación a la población de El Salvador o 30 por ciento y siete por ciento en relación a los Hondureños.

La académica añadió que actualmente esto se ve reducido debido a que la población desplazada por la violencia está escapando de sus países prácticamente de un día para otro, en cuyo principio dichas personas tendrían que ser reconocidas en suelo extranjero como refugiados, sin embargo, por distintos factores no es de esta manera.

«Pocos saben que tienen ese derecho y además la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien es la que realmente decide a quienes hay que solicitar el reconocimiento en su condición de refugiados, tiene ciertos requisitos que en ocasiones los migrantes no cumplen», anexó Zamudio Grave.

Aunque sólo para tener una noción de acuerdo a distintos organismos, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estiman que un promedio de 500 mil migrantes indocumentados centroamericanos pasan cada año por México en su tránsito hacia Estados Unidos pero, contrastantemente, la cifra de refugios otorgados en 2015 fue de sólo 940 personas (39 por ciento de los procedimientos), mil 301 (54 por ciento) no fueron reconocidos y a 153 individuos más (siete por ciento) se les dio protección complementaria, según datos expuestos en el portal web de la Comar.

Asimismo, el año pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) cerró 2015 deportando más de 144 mil centroamericanos, y sólo detuvo en sus estaciones a un aproximado de 200 mil, es decir que menos del 44 por ciento es detectado o entra en los registros de la dependencia.

Pero la investigadora advierte que la proporción es mínima, «por un lado las personas están escapando de condiciones muy precarias, en donde los propios países no están resolviendo las problemáticas y, todo lo contrario, éstas se están agudizando en términos de pobreza y violencia».

Consideró que tanto jóvenes como adultos están en circunstancias que comprometen sus vidas hasta el grado de tener que escapar inmediatamente ante la amenaza constante.

Reconoció que se han puesto muchos obstáculos para la documentación de este sector, sobre todo a inmigrantes provenientes de los Estados del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), de manera que la orden explícita es detener y deportar, aunque existen distintas modalidades como el retorno asistido, las cuales resultan ser eufemismos cuyo objetivo es regresar a los migrantes a sus países por medio de distintos mecanismos interinstitucionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras dependencias del aparato gubernamental.