La Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), emitió sanciones derivadas de las investigaciones administrativas por el caso Tlatlaya, en contra de 30 servidores públicos.
La información fue confirmada por el secretario de gobernación del Estado de México, José Manzur Quiroga, quien detalló que al menos a 8 servidores públicos les fue notificada una sanción de destitución e inhabilitación; mientras que para 22 más, fue determinada una suspensión por un mes o más tiempo de las actividades.
Las sanciones, se precisó, fueron resultado de las indagatorias de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya, de donde se inició una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que derivó en la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014 en contra del gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que fue aceptada.