Coatzacoalcos, Ver.- El «general» tuvo un sueño: crear una policía de elite, respetada, y que con sólo mencionar su nombre, los malos temblaran y huyeran en vilo; que al verla, el débil se sintiera protegido. Ya va para seis años su proyecto y ese anhelo se ha vuelto pesadilla.
La policía veracruzana es hoy en México una de las peores evaluadas. En el plano internacional, vistos como aliados de los cárteles y de los cartelitos, represores, golpeadores de estudiantes, de ancianos, de periodistas, responsables de desaparecer jóvenes para entregarlos a la delincuencia organizada, tal como pasó en Tierra Blanca, en Papantla, en Orizaba, en Veracruz, y en varios municipios veracruzanos donde los colectivos señalan a elementos oficiales como los responsables de llevarse a sus familiares.
Ése es el legado de Arturo Bermúdez Zurita en la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), lo que se ve y se agregan miles de millones de pesos en deudas a proveedores y contratistas que durante su periodo no fueron liquidadas, y ahora pasarán a ser una carga de futuras administraciones por un saldo total de mil 450 millones de pesos, siendo la SSP la dependencia más endeudada después del sector Salud.
«A nosotros no nos están pagando, nos traen a la carrera, no nos dejan ir a nuestras casas a ver a la familia, nos cancelan los descansos y si salimos, nos mandan a buscar, quieren que cubramos toda la ciudad, que ahorremos gasolina y si no hay, que nosotros le echemos a las patrullas, no es justo porque no nos están pagando lo del convenio, sólo tenemos lo de la Marina», relata un elemento de la Policía Naval de Coatzacoalcos, en anonimato, sobre las condiciones bajo las cuales deben laborar sin la compensación prometida por sus altos mandos y por el Gobierno actual al iniciar la operación Veracruz Seguro, en cuyo marco se firmó un convenio para la adhesión de la Secretaría de Marina (Semar) en el esquema de seguridad estatal para conformar el Mando Único, que estaría en manos de los federales.
«Hoy en Coatzacoalcos, el Mando Único es rechazado por fuerzas vivas y sectores sociales ante la ineficacia demostrada, lo mismo ocurre en las demás ciudades donde se ha impuesto este esquema policial, que ha traído como resultados el alza en delitos del fuero común y un debilitamiento en la prevención del delito», postuló hace un mes el Senador Fernando Yunes Márquez al dar a conocer las peticiones para el arribo de la Gendarmería Nacional al sur de Veracruz ante el alza de la delincuencia. A su parecer, el Mando Único debía dar paso a un Mando Mixto, pues la figura creada por la SSP y el Ejecutivo ya no estaba dando resultados.
Pero los policías de a pie, los que sudan la camisola todo el día, los que sufren por no comer a sus horas ni nutritivamente, los que están horas parados en un retén ejerciendo labores de vigilancia, los que deben sufrir cuando se les descompone la patrulla o cuando no pueden ni patrullar porque no hay para la gasolina, esos que no están en el círculo de seguridad del Capitán Tormenta y de los mandos de la SSP; esos gendarmes consideran que el gran problema en la SSP no son ellos, ni las pruebas de confianza que prácticamente los mandan a reprobar, sino la paga y la falta de recursos.
El documento del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), dice por ejemplo, que la SSP le adeuda 28 millones 445 mil pesos al convenio de la Semar en Coatzacoalcos, dinero necesario para los gastos operativos del personal de la Policía Naval. Es el recurso para la gasolina, para la compensación a los efectivos, para su comida y para los viáticos. El deterioro de la seguridad en Coatzacoalcos se mide con la existencia de unas 60 cámaras para la vigilancia, pero ninguna sirve ni han sido útiles en la investigación de delitos.
En 2011, la Ley de Egresos para el Estado de Veracruz indica que a la SSP habían sido asignados mil 450 millones de pesos, recursos que en cinco años incrementaron en 52 por ciento; para el 2016, el mismo documento indica que se destinaron 4 mil 212 millones 797 mil 492 pesos para las necesidades de esa dependencia. Esto sin tomar en cuenta las aportaciones de los distintos fondos para seguridad pública destinados por la Federación, los cuales desde hace cuatro años están saliendo con múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con todo este «botín de recursos», la SSP adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, la ropa, las botas, los uniformes, las municiones; vaya, le deben sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y hasta al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) le adeudan 35 millones de pesos.
Eso sí, en la lista de proveedores a quienes se adeudan, resaltan también nombres y personajes de la vida política, como la empresa Cosmocolor, a la cual se le deben 93 millones 644 mil pesos por expedición y elaboración de licencias, uno de los rubros que más ínfulas levanta en la sociedad veracruzana; Cosmocolor es propiedad de Jorge Kahwagi Macari, ex diputado federal, ex dirigente del Partido Nueva Alianza (PANAL) de Elba Esther Gordillo, boxeador, señalado de corrupción.
En 2011 esta firma se vio envuelta en un escándalo porque la Secretaría de Gobierno (Segob), de la que dependía en ese entonces Tránsito del Estado, realizó una auditoría al interior de las oficinas en Veracruz que derivó en el despido de varios elementos de Tránsito y de Cosmocolor por la emisión de licencias apócrifas tramitadas por «coyotes» a menor costo. Este escándalo estalló con la muerte del joven Jair Morales Montero bajo las ruedas de un camión de pasaje en la carretera Medellín-Veracruz, pues el chofer de la unidad responsable contaba con licencia, mas no aparecía en la base de datos de Tránsito; era falsa.
A Autotraffic, la de las fotomultas, igual reclama el pago de dos millones 294 mil pesos, la misma empresa que fue rechazada en Veracruz por la lluvia de multas y que hasta se robaba la luz para la operación de sus dispositivos.