Han pasado dos legislaturas locales compuestas mayoritariamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, además de recibir dos sentencias en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo nueve de 11 principios y disposiciones legales que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se han armonizado con ellas en el máximo ordenamiento estatal, colocando a Veracruz en el penúltimo lugar en adaptar las reformas constitucionales de 2011, sólo atrás de Sonora, de acuerdo con la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos de la CNDH.

El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da a conocer el estado de avance en los procesos de actualización del sistema jurídico del país, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 109 tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y lo obligan a cumplirla, el organismo descentralizado reporta en relación al principio pro persona hay un avance en la armonización legislativa estatal de 71.9 por ciento, previsto en el artículo primero de la Constitución Política Federal.

Respecto del principio de universalidad la armonización es de 84.4 por ciento; del principio de interdependencia, 84.4 por ciento; del principio de indivisibilidad, 84.4 por ciento; de progresividad 87.5 por ciento; interpretación conforme a los tratados internacionales, 96.9 por ciento; obligaciones de las autoridades de actuar conforme a derechos humanos, 86.3 por ciento; no discriminación por preferencias sexuales, 74.4 por ciento; educación respecto a los derechos humanos, 90.6 por ciento; derechos humanos como base en el sistema penitenciario, 56.3 por ciento; garantía de la autonomía de los organismos públicos de los derechos humanos, 96.4 por ciento.

De acuerdo con el organismo, Veracruz es una de las 14 entidades no han cumplido al 100 por ciento con la armonización, hay temas en los que no ha concluido y no están ahí debidamente establecidos, a pesar de un lustro de estos cambios constitucionales, existe un rezago del 17 por ciento en promedio para completar la armonización de más de 70 mil ordenamientos que existen en todo el país para que estén apegados al espíritu del nuevo marco constitucional en materia de Derechos Humanos, esto es que no haya normas que están en contra de los principios, pero también por las que no existen y deberían de existir.

La plataforma de análisis dice en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es para darle seguimiento a la armonización normativa de los Derechos Humanos, esto es ver si ya las 32 entidades de la República establecieron en sus constituciones o en el caso del gobierno capitalino en su estatuto, los temas de los Derechos Humanos como está conceptuado ya en la Carta Magna con la reforma del 2011, y como consecuencia, del amplio esfuerzo de reformas a nivel federal, se debieron impulsar los cambios necesarios en las constituciones locales y se emitan o adicionen, o se modifiquen, o incluso se deroguen o abroguen los ordenamientos legales que sea necesario, a fin de armonizar el sistema jurídico federal y estatal con los cambios operados en la Constitución en materia de derechos humanos.

La armonización de los Derechos Humanos, recuerda la CNDH, es una obligación común para todas las instancias normativas del Estado mexicano tanto en el orden federal como en el estatal. No se trata de un deber circunstancial, cuya vigencia sea temporal y cuya atención se resuelva con un solo acto o un esfuerzo único. Se trata de una tarea permanente destinada a dar el mantenimiento que requiere el orden jurídico, a fin de estar en sincronía con la Ley Suprema de la Unión, en los términos previstos por el artículo 133 de la Constitución.