Las comisiones unidas del Senado aprobaron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho sistema y para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.