Los senadores tienen hasta el 28 de mayo para aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, pero hasta el momento ni siquiera han acordado todos los dictámenes y, por tanto, no hay certeza para realizar un periodo extraordinario de sesiones.

La fecha límite fue estipulada por los propios legisladores en los artículos transitorios de la reforma constitucional por la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado. Sin embargo, de incumplir con el plazo, no tendrían sanción.

De acuerdo con Issa Luna, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Ley Orgánica del Congreso exime de cualquier tipo de sanción a los legisladores que violen un plazo legal para aprobar una ley, pese a que se encuentre en un mandato constitucional.

Además, sin las leyes secundarias, el Sistema Nacional no podría operar, lo que estaría afectando la articulación diseñada para atacar uno de los problemas fundamentales en el país: la corrupción.

La investigadora afirma que, además, que México estaría en falta con los estándares internacionales recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha señalado la necesidad de regular el conflicto de interés y declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

Esto significa un “retraso sustancial” que provocaría un “desencanto social” y “empeora la gobernabilidad del Estado mexicano”, asegura la investigadora de la UNAM.