El proyecto busca la reconstrucción de infraestructura pública y privada y también la reactivación productiva de las localidades afectadas por el sismo, de magnitud 7,8 en la escala de Richter y que dejó 660 muertos, 28 desaparecidos y 22.769 personas albergadas, en tanto que 113 fueron rescatadas con vida, según cifras oficiales.

Según el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, el Gobierno prevé recaudar entre 650 y 1.000 millones de dólares con el conjunto de medidas fiscales excepcionales que estudia el Legislativo.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, estimó las pérdidas en torno a los 3.000 millones, aunque indicó que una cifra más precisa se conocerá en las próximas semanas.

La medidas incluyen, según Rivera, un «conjunto de incentivos tributarios» para los habitantes de las zonas afectadas, así como un «grupo de contribuciones solidarias» para «apoyar a los directamente afectados».
Correa anunció tras el terremoto el establecimiento de una contribución de 2 puntos adicionales en el impuesto al valor añadido (IVA) durante un año y el aporte de los ciudadanos de un día de su sueldo entre quienes ganan más de 1.000 dólares mensuales.

El gobernante defendió hoy esas medidas, que incluyen también la elevación en dos puntos del impuesto al valor añadido (IVA) y dijo que ello supone pedir 12 centavos diarios a los ciudadanos.

Pero precisó que «los pobres pagan menos», pues no están gravados con el IVA el 90 % de los alimentos, ni la totalidad de las medicinas, ni los alquileres ni el transporte público.

El informe de la Comisión de Régimen Económico del Parlamento, que ha estudiado las medidas propuestas como paso previo al debate, «resalta la enorme solidaridad del pueblo ecuatoriano» y su aportación de ayuda «para mitigar el impacto del fatal terremoto», así como el apoyo internacional material y humano, indicó hoy la Asamblea en un comunicado.

Según ese informe, «el sector público recuperará las infraestructuras perdidas o deterioradas por causa del terremoto» por medio de las pólizas suscritas con la aseguradora pública