Ciudad de México.– La relación entre el Gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a investigar los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha sido tensa de principio a fin. Y hoy no ha sido la excepción.

El penúltimo episodio de tensión se dio, a unas horas de que fuera presentado el informe final del GIEI. El Gobierno de México simplemente no acudió a una reunión con integrantes de la Comisión Interamericana, entre ellos su presidente James Cavallaro. En ella se acordaría cómo dar seguimiento a las recomendaciones que serían emitidas el día de ayer.

La cita era a las 16:30 horas en las oficinas Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Gobierno de México no mandó a nadie. Al encuentro acudieron representantes de los padres de los 43 normalistas, integrantes del GIEI y funcionarios de la ONU, así como miembros de organizaciones civiles. Se quedaron esperando.

Y ayer, mientras miles marcharon por la capital del país para exigir la aparición de los 43 estudiantes, apenas tres tuits del Presidente Enrique Peña Nieto en los que prometió que la Procuraduría General de la República (PGR) daría seguimiento a los hallazgos del GIEI. “Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”, expresó.

Inmediatamente después, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, dijo que la investigación sigue abierta y que “el expediente se ha trabajado con transparencia”.

En un episodio más de la tensión entre el Gobierno y la CIDH, las autoridades mexicanas no estuvieron en la presentación del informe.

Al evento fueron invitados los subsecretarios Roberto Campa, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Miguel Ruiz, de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, así como al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. No fueron al Claustro de Sor Juana.

Tras recibir el informe de manos del Grupo de Expertos, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó precisamente la ausencia de representantes del Estado mexicano, en la divulgación de un informe en el que se denunciaron todo tipo de bloqueos a las labores de coadyuvancia del GIEI.

Cavallaro también se dijo inconforme por la negativa del Gobierno mexicano ha renovar el mandato del GIEI aun cuando el objetivo de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa no se logró.

“La Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestación su posición de no apoyar la prórroga del mandato del GIEI y que pone fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos principalmente los que se refieren a la ubicación de los estudiantes desaparecidos. Como Relator del país también lamentó que las autoridades del Gobierno no se encuentren el día de hoy para recibir este informe. En mi calidad de Relator del país deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al Presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, a continuar trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y también pedimos que estas autoridades analicen y también implementen las recomendaciones realizadas en el presente informe”, dijo James Cavallaro al término de la presentación del informe.

El Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana presentó su segundo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas. En él, los expertos denunciaron los obstáculos impuestos por el Gobierno de México a sus labores de coadyuvancia, desde la lentitud para atender sus solicitudes hasta la negativa para impedir a los expertos interrogar a militares y un rechazo de las autoridades del Ejército a entregar documentos o imágenes sobre la noche de Iguala.

Los expertos denunciaron en la conferencia de prensa de este domingo otras trabas a su trabajo como fue el  demorar la realización de pruebas, el que no se indagaran otras líneas de investigación sugeridas por ellos, la imposibilidad para que entrevistaran a algunos inculpados.

Todo esto, señalaron en su informe, “no puede leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación”.