Ciudad de México.-De acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Oral Adversarial, la Constitución prevé la prisión preventiva oficiosa para delitos calificados de graves; tal es el caso de delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos contra la seguridad de la nación, por lo que, quien cometa un delito distinto a los antes mencionados podría llevar su proceso en libertad, sin importar la acusación.

Lo anterior coloca en un dilema a los jueces federales que Desde el pasado 29 de febrero comenzó a aplicarse el nuevo sistema adversarial en la Ciudad de México y el Estado de México, se han emitido dos pronunciamientos contrarios en el Poder Judicial de la Federación.

El juez Julio César Gutiérrez Guadarrama concedió la libertad caucional a 9 procesados por el presunto lavado de 268 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario durante la Gubernatura de Ángel Aguirre en Guerrero, pagando su fianza y abandonando la cárcel 7 de ellos, en tanto, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo negó el beneficio a Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal del Altiplano acusado de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque consideró que los juicios que se iniciaron conforme al anterior sistema escrito deben continuar bajo la legislación con el que fueron abiertos.

Samuel González Ruiz, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de ocho procesados que obtuvieron el beneficio de la libertad en el caso Aguirre, coinciden en que el tema terminará discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia,  al tratarse de un tema de controversia constitucional.