Ciudad de México.-La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que se prevé sea aprobada hoy en el Senado, se elaboró a través de cuatro iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

La primera iniciativa fue impulsada el 12 de febrero de 2013 por los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón y José Francisco Yunes Zorrilla, la cual propone expedir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con reformas a las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Deuda Pública.

La iniciativa pretende establecer “candados” en materia de disciplina financiera, incluyendo principios presupuestarios, de deuda pública y de transparencia para entidades federativas y municipios, y establecer un nuevo marco jurídico para el manejo sostenible de las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público para financiar el desarrollo.

La segunda iniciativa fue impulsada el 19 de febrero de 2013 por el senador perredista Armando Ríos Piter, la cual expide la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, a fin de mantener un control legislativo en la autorización para la ampliación del techo de endeudamiento para los estados y municipios cuando se supere la capacidad de pago.

El proyecto contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dependerá del Senado para fijar los términos de los convenios de saneamiento de aquellas entidades que soliciten el apoyo de la Federación o requieran de ajustar sus finanzas públicas cuando pongan en riesgo la prestación de servicios públicos.

Al poner límites al endeudamiento público, la iniciativa también establece los criterios generales de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos, egresos y deuda de los tres poderes y niveles de gobierno, así como de paraestatales y organismos autónomos federales o locales, con el objeto de preservar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.

La tercera iniciativa fue presentada una semana después, el 26 de febrero de 2013, por el mismo Ríos Piter, cuyo proyecto de decreto contemplaba reformas a la Ley General de Deuda Pública, para redefinir el concepto de deuda pública de la Federación y las entidades federativas, a fin de contar con mejores indicadores fiscales y mayor calidad en los datos de endeudamiento de los tres niveles de gobierno en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y de entrega-recepción.

La cuarta iniciativa, la más detallada, fue hecha pública el 5 de marzo de 2013, por los senadores panistas Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María Martínez Martínez, la cual proponía reformar diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Este proyecto plantea desarrollar un esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno y otorgar facultades al Congreso de la Unión para establecer los criterios aplicables en materia de deuda pública. Para lograrlo, se propone modificar la Ley General de Deuda Pública estableciendo conceptos, procedimientos, y demás reglas de carácter general.

La finalidad de la minuta es mantener una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.