•El magistrado ingrato
•Todo le ha dado Duarte
•Alberto Sosa lo ha traicionado
Por: Luis Velázquez
PASAMANOS: Muchos favores y beneficios debe Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, a Javier Duarte, JD… Entre otros, y por ejemplo, su reelección en el cargo del Poder Judicial, pues con todo y que alardeen de autonomía e independiente ante el Poder Ejecutivo, nada se mueve en Veracruz sin el dedazo del Jefe Máximo del Priismo… Y más, ante un jefe como JD que usufructúa el cobijo de Los Pinos, a tal grado que mientras Enrique Peña Nieto depuso a Ángel Aguirre Rivero y Fausto Vallejo como gobernadores de Guerrero y Michoacán por cositas más o menos parecidas a lo que sucede en Veracruz, JD sigue en el trono imperial y faraónico… Y no obstante que el repudio popular ha alcanzado el más alto decibel, ningún viento huracanado lo tumbará… Es más, mucho se duda que ni con el Yunes rojo ni con el Yunes rojo, Javier Duarte parará en la cárcel ni menos, mucho menos, devolverá «el dinero robado» que así preconizan tanto Héctor Yunes Landa como Miguel Ángel Yunes Linares y el resto de los aspirantes a la mini/gubernatura…Alberto Sosa también debe a JD la construcción del moderno edificio del Tribunal Superior de Justicia, además de la pensión millonaria que recibirán los magistrados… Y ni se diga la reforma a la ley para que la pensión sea heredada a las viudas, de igual manera como al momento ocurre con los jubilados del Instituto de Pensiones… Con todo, el magistrado presidente es un abogado ingrato y desagradecido con Javier Duarte, a quien también ha dejado solo en medio de la tormenta política y social cuando en los últimos días se ha repetido que estaba en la antesala de la renuncia… Así, cuando muchos proveedores y prestadores de servicio y maestros y estudiantes y discapacitados y pensionados levantaron la mano reclamando el pago de pendientes, Alberto Sosa también levantó la suya denunciando que JD le debe cantidades millonarias al Tribunal Superior de Justicia… Nadie duda de que es cierto, pero al mismo tiempo, caray, como JD ya está en el último tramo del viaje sexenal, el funcionario se une al coro de los inconformes y arremete contra lo poco que resta del duartismo, exhibiendo la otra cara de su vida pública… En todo caso, estaría actuando igual que Joseph Fouché, el genio tenebroso francés, para quien en el juego sórdido de la política primero era él, luego él y al último él mismo…
BALAUSTRADAS: Y si alguna duda existiera bastaría revisar su ficha bibliográfica en poder de la Fiscalía General… Dice así: “Se tiene conocimiento de que Luis Ignacio Valdovinos Terán, reo del penal de Villa Aldama, procesado por los delitos de homicidio calificado, robo, secuestro y falsificación y uso de documentos falsos, así como delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego, vendió a Alberto Sosa el rancho “El retiro”, en Mata Cazuela, municipio de Soledad de Doblado… En octubre de 2007 se informó en medios que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz informó que un juez del Séptimo Circuito de lo penal federal exoneró a José Ignacio Valdovinos Terán, quien ha sido sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de secuestro, homicidio, robo y falsificación en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Josué Morón Guerrera… Por lo anterior, queda pendiente la sentencia de 14 años que tiene por los delitos de violación, misma que Valdovinos Terán apeló ante un juzgado de distrito… Como presidente del Tribunal Estatal de Elecciones en 1997 atendió 89 recursos de inconformidad que los ocho partidos políticos presentaron en contra de los resultados de la jornada electoral en 71 municipios en los comicios del 19 de octubre. También le tocó calificar la elección y entregar su constancia de mayoría al gobernador electo, Miguel Alemán Velasco el primero de octubre de 1998.
En noviembre de 1998 se le mencionó como prospecto para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia… El 9 de septiembre de 2002 trascendieron las declaraciones emitidas por el diputado federal del PAN, Sergio Vaca, quien dijo: “Alberto Sosa reanudó actividad jurisdiccional como magistrado del TSJE sin que mediara nuevo nombramiento. Investigué qué había pasado y hallé que en 1994 solicitó a la LVI Legislatura licencia a su cargo como magistrado del Poder Judicial para fungir como magistrado del Tribunal Electoral, por lo que cuando en 1998 renunció a ese puesto debió volver al que estaba en licencia y no ocupar el de coordinador de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material”… El 30 de agosto de 2004 se informó que Alberto Sosa, magistrado de la Sala Séptima del TSJR, fue demandado por el bufete jurídico de Ignacio Burgoa como responsable de actos irregulares en perjuicio de la familia Pérez Herrera durante su gestión como director de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana del Estado. La demanda en contra del ex director es por el pago de diez millones 850 mil pesos por daños y perjuicios, ya que dejaron de percibir una contraprestación durante el período comprendido entre el 27 de junio de 2001 al 24 de junio de 2002… También se le exige el pago por 6 millones 767 mil pesos, ya que los afectados dejaron de percibir una contraprestación del periodo del 25 de junio de 2002 hasta la fecha en que debió cesar la actualización de la misma… En la denuncia se inmiscuye al gobierno estatal que deberá realizar todos los pagos más intereses y gastos de juicios por funcionar como subsidiario en término del artículo 1861 del Código Civil de Veracruz… La demanda por daños y perjuicios en contra de Alberto Sosa se deriva de un oficio que gira en su calidad de director de Asuntos Jurídicos en donde le indica al registrador que no inscriba un contrato de garantía hipotecaria de fecha del 25 de junio de 2001 con el que Gerardo de Prevoisin Legarreta obtendría su libertad bajo caución.
ESCALERAS: El 7 de diciembre de 2006, en desplegado dirigido a Fidel Herrera Beltrán, a René Poblete Dolores (TSJE) y a la opinión pública se señala lo siguiente… “Hacemos de su conocimiento que los suscritos somos un grupo de personas (viudas, jubilados y pensionados, profesionistas) que radicamos en Orizaba… Fuimos defraudados por Margarita Pomposo Méndez, a quien de buena fe y creyendo en su honorabilidad entregamos nuestro patrimonio, el cual fue producto de una larga vida laboral y quien nos hizo creer con toda la mala fe, intención y dolo de que a través de sus múltiples negocios lograríamos un mejor rendimiento de nuestro patrimonio y que actualmente se encuentra privada de su libertad en el CERESO de Orizaba… Confiamos en todos y cada uno de los impartidores de justicia, pero hoy nos sentimos defraudados de los magistrados y del Poder Judicial, toda vez que no es posible que al existir más de 30 agraviados y el monto de lo defrauda asciende a más de diez millones de pesos, los magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández y Marco Antonio Domínguez Jiménez, aplicando un criterio muy superficial revoquen dos autos de formal prisión… Además, se nos hace sospechoso que ambas tocas de apelación fuesen turnadas a la misma sala para su resolución, dejando en libertad a esta persona, que es una delincuente de cuello blanco”… En diciembre de 2008 Alberto Sosa fue cuestionado a través de los medios luego de que presuntamente dejó en libertad a “un abusivo que tuvo la vileza de manosear a un pequeño de cuatro años de edad… De 1999 a 2008, Gabriel Romero Reyes, activista del PRD, ha realizado plantones en la plaza Lerdo para pedir la intervención del gobierno del estado y denunciando que su familia fue despojada de una casa con la connivencia del Poder Judicial. Entre los involucrados señalaron al entonces juez, Alberto Sosa Hernández… En julio de 2009 se le mencionó entre los prospectos a integrar el Tribunal Estatal Electoral para los comicios del 2010… En julio de 2013, alrededor de 70 trabajadores sindicalizados del poder Judicial se manifestaron en la plaza Lerdo para denunciar la supuesta discriminación del magistrado presidente Alberto Sosa, a quien acusaron de no atender sus demandas. El caso habría sido turnado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.