Xalapa, Ver.
El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vázquez, aseguró que el Gobierno Estatal aún cuenta con la posibilidad de solventar más de 3 mil 600 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con lo cual reprochó la postura del contralor general, Ricardo García Guzmán, quien había advertido que ya era muy difícil y daba como hecho tal reingreso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al poner en marcha el curso-taller Integración de la Cuenta Pública 2015, el auditor general sentenció: “las reglas están claras desde ahora, pues jamás pretenderíamos sorprenderlos, sin embargo, bajo ninguna circunstancia forzaremos el camino que la ley nos impone; integridad demandamos e integridad predicamos con ejemplo”.
Cuestionado sobre la postura del titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Ricardo García Guzmán, quien en su pasada comparecencia admitió que al Gobierno de Veracruz no le quedaba mayor remedio que devolver 3 mil 600 millones de pesos para evitar caer en un desvío de recursos, rechazó que ocurra tal situación, por el contrario, afirmó que existen los mecanismos legales y tiempo suficiente para poder solventar la mayor cantidad de recursos.
Precisó que tales observaciones corresponden al periodo 2009-2012, las cuales sí fueron detectadas por el Orfis, pues participó en coordinación con la ASF, pero correspondió a la segunda el procedimiento legal de revisar la solventación, así como de presentar las denuncias.
Antonio Portilla Vázquez, resaltó que hoy en día al Orfis le corresponde garantizar a la sociedad que sus recursos se ejerzan legal y adecuadamente, y en caso contrario, promover la estricta aplicación de la ley.
“La única forma de lograr gobernanza y paz social es construyendo condiciones de bienestar, haciendo accesible la educación, la salud, la seguridad y la justicia, abriendo así los caminos al empleo y al progreso de las familias”, dijo.
Por ello, añadió, corresponde tanto al Congreso como al Orfis aportar elementos para edificar una nueva administración pública, en la que prevalezcan los valores éticos, el sentido social, la responsabilidad pública, la transparencia y la rendición de cuentas.
En este sentido señaló que el sistema nacional anticorrupción proporcionará el nuevo conjunto normativo, que dará lugar a instituciones en las que el comportamiento responsable e íntegro, permita alcanzar condiciones de equidad y justicia para la sociedad.