México, D.F.

El reciente desplome en la caída del precio del petróleo que situó a la mezcla mexicana de exportación cayó a 32.30 dólares, con lo que marcó su nivel más bajo en siete años en un de por sí precio bajo, fue uno de los motivos por los que la Cámara de Diputados (CD) dio como plazo 2017 para que las entidades y municipios, empiecen a cumplir con las disposiciones más importantes de disciplina financiera y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y contratación de deuda.

La CD aprobó por 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, el decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera, a las entidades Federativas y Municipios, y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

Conforme al documento, el propósito de este nuevo marco legal es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Se puso como plazo el 1 de abril de 2017 para que empiece a funcionar el Sistema de Alertas y un Registro Público Único, que transparentará las obligaciones financieras de los gobiernos locales.

Establece candados para que tanto gobernadores como alcaldes, no puedan subir la nómina gubernamental en más del 3 por ciento al año anterior, salvo que contraten elementos policiales o proyectos por decreto o mandato constitucional. Sin embargo, en caso de irregularidades se señala a los funcionarios que firmen documentos como los directamente responsables.

La deuda que se contraten las entidades o municipios, deberán ser avaladas por las dos terceras partes de los congresos locales; en este sentido, se creará una Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores, que vigile los endeudamientos, e incluso solicite “explícitamente” a Hacienda información de los empréstitos que cada entidad tiene vigentes.