México, D.F.

El Senado aprobó en comisiones el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aunque sociedad civil alerta que este contradice en algunos puntos a la Ley General en la materia.

Lo anterior abre la posibilidad de que para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública, se deba esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se judicialice el derecho, advierte el Colectivo por la Transparencia.

Que haya contradicciones entre la Ley Federal y la Ley General de Transparencia, permite que una autoridad aplique una u otro sin priorizar el derecho de acceso a la información del ciudadano.

“La autoridad del nivel federal aplicará la Ley Federal. Sin embargo, una autoridad con base en la Constitución tendría que aplicar el artículo que le beneficie más al ciudadano. Y si está en la Ley General y aunque se contradiga con la Ley Federal debería aplicar el primero. Pero en la práctica esto no sucede. No podemos tener una ley que sea incongruente con la otra”, explica Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19.

Esto llevará a que el ciudadano tenga la opción de acudir a un juicio para solicitar que se aplique el artículo que más expanda su derecho, y aunque eventualmente la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información, el hecho de que un ciudadano pase por un juicio para tener los datos que solicitó atenta contra el principio de acceso rápido y expedito a información pública que marca la Constitución.

Una Ley General establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar determinado derecho desde los tres órdenes de Gobierno. La Ley Federal se enfoca en los sujetos obligados sólo de la Administración Pública Federal.

Según Ana Cristina Ruelas, esta es la primera vez que se intenta tener una Ley General y otra Federal para legislar sobre la misma materia; normalmente la primera atañe también a la Administración Pública Federal.

El problema de “este experimento”, dice Ruelas, es que la Ley Federal contradice la Ley General que se promulgó en mayo pasado.

Por ejemplo, en la Ley General de Transparencia se prevé que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrán acceso a la información que se clasifique como reservada para determinar si es de interés público o si están justificados los motivos de su clasificación.

En la Ley Federal que aprobó el Senado en comisiones se establece lo contrario. El INAI no tiene acceso a la información que se busque mantener en secreto; y por lo tanto, no puede actuar en consecuencia.