Visas a migrantes
Luis Velázquez
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, amigo de José Alejandro Solalinde Guerra, que juntos proclaman “un gobierno del pueblo”, ha puesto en el tapete la fórmula mágica para brindar protección legal a los migrantes de América Central en su paso por México y abatir, digamos, la elevada criminalidad, secuestros y desapariciones a que están expuestos.
Se trata de una solución sencilla y rápida, fas track: que el gobierno de Enrique Peña Nieto “entregue permisos provisionales de tránsito para que cada migrante se desplace de sur a norte del país, sin que su vida esté en riesgo” (La Jornada nacional, 3 de noviembre, 2015).
El obispo lo planteó en la misa en memoria de los indocumentados que han perdido la vida en su camino por el país, pasando, entre otras entidades federativas, por Veracruz, un estado que, por cierto, ha mudado en un pueblo migrante, de tal forma que las remesas de los paisanos se han convertido en el sostén número uno de la economía jarocha, por encima de la caña de azúcar, el café y los cítricos y de la gran industria establecida aquí.
No obstante, el obispo se lamentó de la siguiente manera:
“Nos hemos cansado de pedir a las autoridades federales les otorguen un documento que los proteja”.
He ahí la actitud del peñismo. La cerrazón ante una realidad avasallante, donde los policías municipales y estatales, y los agentes federales del Instituto Nacional de Migración, suelen aliarse con los malosos, los carteles y los polleros para secuestrar a los migrantes con objetivos diversos que van desde la extorsión hasta convertirlos en sus gatilleros y sicarios.
En contraparte, y según la estadística, el peñismo está hoy deportando más, mucho más migrantes a América Central que Estados Unidos a mexicanos.
Así, mientras en EU niegan visas humanitarias temporales a los paisanos, el México de Peña Nieto se las niega a los ilegales de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua que por aquí caminan.
“Es muy ruin lo que estamos haciendo con los migrantes, dijo el obispo, y no nos vamos a cansar de pedir la regularización”.
A LA YUGULAR DE SOLALINDE
En Veracruz, y de acuerdo con la ley, el secretario General de Gobierno es el encargado de la política migrante.
Nunca les interesó ni a Gerardo Buganza Salmerón ni a Érick Lagos Hernández una política humanitaria y solidaria con los migrantes.
Alguna vez, el gobernador se reunió en Córdoba con el obispo Eduardo Patiño Leal para hablar sobre el asunto de los migrantes en su paso por Amatlán de los Reyes con “Las Patronas”, pero jamás el diputado federal, coordinador de la bancada priista de Veracruz en el Congreso de la Unión, le dio seguimiento.
Por el contrario, cuando alguna vez Solalinde aseguró que en Veracruz se ubicaba el cementerio de migrantes más largo y extenso de la nación, tanto los fidelistas como los duartistas, cada uno en su momento, se le fueron a la yugular.
Peor tantito, en este sexenio, apenas hacia mediados de año, quizá un poco después, Solalinde reiteró la denuncia en un café del centro de la ciudad y el duartismo le envió a unos evangélicos a despotricar en su contra.
Menos, pues, y con tanto menosprecio y desprecio oficial, pudiera esperarse que desde Veracruz surgiera la posibilidad de cabildear ante el peñismo la causa del obispo de Saltillo de “permisos provisionales de tránsito” para los migrantes y así garantizar su movilidad, sin temores ni incertidumbre.
Y más, como en el caso, cuando y como afirma Raúl Vera, los migrantes parten de América Central, cierto, por el desempleo, la pobreza y la miseria; pero también, por la desaparición forzada, la inseguridad y la violencia.
GOBERNADORES TAMBIÉN SON CULPABLES
Con todo y que la seguridad de los migrantes fue, digamos, una tarea federal, los gobernadores también son corresponsables.
Y en el caso de Veracruz hay una mancha negra gigantesca, del tamaño del océano, en materia de derechos humanos en todos los órdenes.
Por ejemplo, los derechos humanos de los migrantes han sido vejados y trastocados, pero de igual manera, los derechos de los niños, las mujeres, los ancianos, los activistas sociales, los desaparecidos, los secuestrados y los reporteros, entre tantos otros.
Basta y sobra recordar que la seguridad pública significa el gran pendiente del llamado Estado de Derecho, pues la tarea de un político es garantizar la vida, y cuando como en la tierra jarocha está prendida con alfileres, todos los niveles sociales se sienten desprotegidos.
Desde el padre, subagente municipal, y su hijo de ocho años, asesinados a balazos en el poblado de Temaxcalapa, en Zongolica, en los límites con Oaxaca y Puebla, hasta el litigante Rodolfo Zapata, asesinado en Coatzacoalcos días después de exigir la renuncia de Arturo Bermúdez como secretario de Seguridad Pública.
Y, bueno, si así estamos los ciudadanos de Veracruz, mucho peor los migrantes centroamericanos que en su paso por Veracruz exponen la vida todos los días de su periplo y a toda hora, pues nunca saben el momento en que los malosos, aliados con los policías, les caerán de sorpresa.