- Desplazan el EDOMEX y Morelos a Veracruz
- Se adelantaron con Alerta de Género
- Bloqueo del Fiscal y Bermúdez
Luis Velázquez
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Hay en Veracruz mujeres secuestras, desaparecidas y asesinadas.
También mujeres sometidas a la trata de personas.
Y al maltrato familiar en una tierra jarocha que de por sí opera como un club de Tobi, pues de 18 secretarios del gabinete legal duartista sólo dos son mujeres y de los 212 Ayuntamientos sólo 35 presidentas municipales.
De igual modo hay mujeres organizadas, integradas en ONG y colectivos, que desde hace ratito vienen empujando la alerta de género en Veracruz para ver si así, apostando a la esperanza, se siente la mano del llamado Estado de Derecho que han de garantizar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, haciendo justicia y disminuyendo la ola terrorífica de violencia.
La última vez se reunieron en Toluca con sus pares del estado de México y Morelos, en un aproximado de cien ONG para cabildear ante la autoridad la justicia divina.
Mujeres de Chicontepec, Orizaba, Minatitlán, el puerto de Veracruz y Xalapa se congregaron en el estado de México para dar seguimiento al cabildeo y que, por fortuna, ha dado resultados, pues de siete estados del país que han solicitado la alerta, sólo lo ha sido en el estado de México con el gobernador presidenciable, Eruviel Ávila, y en Morelos, con el otro presidenciable, el perredista Graco Ramírez.
En tanto, en la tierra jarocha la realidad se recrudece, pues como afirma la integrante del Colectivo Feminista, Monserrat Díaz, las mujeres aquí mueren masacradas a golpes que les dan sus esposos violentos.
Sin contar, claro, los 90 feminicidios registrados en lo que va del año en la región de Córdoba y Orizaba.
Y/o como dice Yadira Hidalgo, presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, cada mes en alguna demarcación de Veracruz ocho mujeres son asesinadas.
Y aun cuando todo crimen es cruento, despiadado, inmisericorde, únicamente imaginar que una mujer es asesinada a golpes por su pareja, poco a poco, en una muerte lenta, resulta inverosímil.
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En el año 2010 las ONG de ocho entidades federativas cabildearon al mismo tiempo la alerta de género.
Baja California, Michoacán, Colima, Guanajuato, Sonora, el estado de México, Morelos y Veracruz.
En el mes de julio de este año, Eruviel Ávila se cubrió de gloria. En once de los 25 municipios la declararon, entre ellos, Netzahualcóyotl, Tlanepantla, Naucalpan y Chalco, los más temibles.
En el mes de agosto, Graco Ramírez, de Morelos, le siguió. En ocho municipios, entre ellos, Cuernavaca, Cuautla y Emiliano Zapata, detectaron corredores de giros negros con feminicidios a partir de la prostitución y la trata de personas, y la alerta de género empezó a funcionar.
Para entonces, la estadística de la muerte se medía de la siguiente forma:
En el año 2013, 500 feminicidios. En el año 2015, 633 asesinatos de mujeres.
Graco Ramírez, el gran gobernador perredista, demócrata, liberal, en la lista negra de la represión a mujeres.
El resto de los estados, por desgracia, ha quedado en el aire. En compás de espera.
Se ignora si los gobernadores y su Fiscal General y su secretario de Seguridad Pública habrían torpedeado a las ONG.
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Dato estremecedor que cabalga de norte a sur y de este a oeste de la nación:
El 87.2 por ciento de los casos de violencia física y sexual contra las mujeres nunca, jamás, es denunciado.
Las víctimas prefieren callar.
Padecen miedo a sus agresores.
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Por eso, entre otras cositas, la alerta de género incluye los siguientes aspectos:
Buscar y localizar a niñas y jóvenes desaparecidas.
Dar seguimiento a todas denuncias de mujeres secuestradas, levantadas y desaparecidas.
Establecer protocolos de reacciones policiacas ante la denuncia.
Crear un banco de datos de la violencia contra las mujeres.
Construir redes ciudadanas para protección de las mujeres.
Capacitar a los servidores públicos en la perspectiva de género.
Lanzar un programa en las escuelas para la prevención del delito.
Integrar grupos especiales para investigar las denuncias.
El acceso de las mujeres a la justicia.
La reparación del daño.
El monitoreo permanente y sistemático de la secretaría de Gobernación a todas y cada una de las acciones en cada estado del país con la alerta de género.
Es decir, un mundo político vigilando a cada gobernador.
Se ignora, pues, si en el caso de Veracruz, la resistencia provenga de Arturo Bermúdez Zurita y Luis ángel Bravo Contreras, jefes máximos del gabinete policiaco y de seguridad de Javier Duarte.
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Oh paradoja:
El domingo primero de noviembre, día de muertos, el duartismo repiqueteó las campanas, felices, contentos, satisfechos, porque habrían detenido a los secuestradores de Gustavo Sousa Escamilla, titular del Fideicomiso del 3% a la nómina.
En contraparte, la señora Aracely Salcedo, madre de Fernanda Rubí, desaparecida en el mes de septiembre, 2012, dijo:
El menosprecio de Javier Duarte cuando lo encaré en Orizaba en ningún momento fue contra mi hija, sino en contra de los 90 desaparecidos en la región de Córdoba y Orizaba.
Felicidades, pues, a Gustavo Sousa.
Su plagio, dicen, ha sido esclarecido.
“Podéis ir en paz. La misa ha terminado”.
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“Usted está con su familia. ¿Y mi hija?” dijo Aracely Salcedo a Duarte.
He ahí el drama de cientos de familiares de mujeres plagiadas cuyas ongs en Veracruz tocan puertas para la alerta de género.
Sus gritos callejeros nadie los escucha en el palacio principal de Xalapa.
Peor tantito: el asunto está excluido de la agenda pública.
Perturba. Molesta. Irrita. Echa a perder el día a las buenas conciencias priistas, y por favor, todos quienes falten el respeto al gobernador serán excomulgados, así que ya lo saben.
Por fortuna, los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa son apóstatas y el escribidor es hereje y agnóstico y nunca, ni por accidente, ha sido priista en su vida.
Ni lo será, así sea el Día del Juicio Final.
Cada una de las mujeres desaparecidas en Veracruz está a años luz de distancia de Javier Duarte.
Y de su guajolota…