- Hablan los desplegados
- Duartistas, bajo sospecha
- Excesos y abusos del poder
Luis Velázquez
PASAMANOS: Una forma de medir la temperatura social es leer los desplegados en la prensa escrita.
Y, bueno, la semana anterior fue socorrida en Veracruz.
Por ejemplo, el llamado “Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz”, FEDIPEV para más rápido, publicó un desplegado (Notiver, 29 de octubre, 2015) en contra de Ricardo Olivares Pineda, gerente del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación, SSTEEV.
Ahí denuncian que desde el año 2010 “suspendió el pago del Fondo de Beneficios Complementarios, FBC, porque la Sefiplan suspendió (a su vez) la entrega formal completa de las retenciones del 2% al sueldo base de 80 mil trabajadores ocasionando que los pagos se aplacen hasta el año 2021 en muchos casos”.
Tal cual, rechazan “tajantemente la propuesta de Ricardo Olivares de pagar el FBC (que es producto de nuestro ahorro personal) en parcialidad. ¡Queremos todo junto!”.
Así, exigen “el pago inmediato y total del FBC y la media póliza en riguroso orden cronológico de jubilación en un plazo que fenezca seis meses antes que concluya la administración de Javier Duarte”.
Incluso, sin medias tintas demandan al líder de la sección 56 del SNTE, Manuel Arellano Méndez, otro caciquito sindical perpetuado en el trono igual que Juan Nicolás Callejas Arroyo, “que se ponga de nuestro lado” porque está del lado de Olivares Pineda.
“Y si le falta dignidad y coraje” ante, digamos, la palabra seductora de Ricardo Olivares, entonces “a las mujeres nos sobran esas cualidades y nos erigiremos en autodefensa de nuestros derechos”.
Ya podrán, entonces, los asesores del gobernador visualizar una protesta callejera más que habría de aposentarse en las escalinatas de la Catedral de Xalapa, muro de lamentaciones, antes de fin de año.
De paso le recuerdan que “el monto aproximado del adeudo por el Fondo de Beneficios Complementarios se eleva a 250 millones de pesos en todo el estado de Veracruz a trabajadores de todos los sindicatos que así lo convinieron”.
BALAUSTRADAS: El mismo jueves 29 de octubre en el Diario de Xalapa aparece otro desplegado. Se lanzan a la yugular del Poder Judicial de Veracruz. Lo firma el licenciado José Evaristo García Silva, líder de la ONG “Abogados unidos del puerto de Veracruz”.
El documento expone el “más enérgico rechazo a las recientes decisiones tomadas por el Consejo de la Judicatura de desmantelar sin motivo justificado el Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia donde su titular, Elizabeth Ramírez Salazar, había implementado un sistema de administración de justicia idóneo, novedoso y apegado a derecho en favor de los justificables, privilegiando el interés superior de los niños”.
Y, “sin embargo, de manera arbitraria deciden que cualquier juez ordinario pueda realizar tan delicada función sin haber participado en los exámenes que el propio Poder Judicial convocó para ocupar dichas plazas, demeritando con ello la loable labor que desarrollaba la licenciada Elizabeth Ramírez Salazar”.
Tal cual, los Abogados Unidos del puerto de Veracruz, solicitan, ruegan, mendigan a Javier Duarte “su intervención con las autoridades del Poder Judicial del Estado para que expliquen el motivo que los orilló a tomar tan inexplicable decisión”.
Y, bueno, por supuesto están hablando que el asunto es de tanta importancia (se trata de la administración de justicia para los niños, en donde el DIF de Astrid Elías Mansur debiera interesarse) que, por ejemplo, resultaría inverosímil fuera tratado en un acuerdo, digamos, banquetero, ahora que tales negociaciones en la vía pública se han puesto tan de moda.
ESCALERAS: El 29 de octubre, la secretaría General de Gobierno publicó un desplegado en el Diario de Xalapa, convocando a los notarios adscritos y a los aspirantes al ejercicio del notariado “a participar en el concurso de oposición para la asignación de la notaría vacante número tres… con residencia en Xalapa”.
Tal cual, empezarían a desatorar las 13, 14, parece, notarías que están acéfalas desde hace ratito y que, bueno, en otras entidades federativas los gobernadores firmaron ante notario público que ninguna notaría concesionarían a sus cuates, aun cuando para dejar el trono imperial y faraónico de Guerrero, el góber efímero, Rogelio Ortega, las repartió entre los suyos.
Y más, como en el caso de Veracruz, cuando el amigo entrañable de Flavino Ríos Alvarado, Fidel Herrera Beltrán, repartió notarías hacia el fin del sexenio con la misma intensidad con que concesionó taxis, como confeti en una tarde de kermés en el pueblo.
En el desplegado habla la SEGOB jarocha de una serie de requisitos según la ley 585 del notario, más solicitud, sin referirse a un examen de oposición que, bueno, quizá, acaso, estaría implícito.
Y es que la fama pública lo consigna: desde siempre, las notarías son otorgadas por dedazo, fast track, donde los hijos de los notarios y los hijos de funcionarios públicos y políticos con tráfico de influencias son beneficiados, como en el fidelato donde hasta el hijo de un cacique sindical, Enrique Levet Gorozpe, del FESAPAUV, salió beneficiado.
Y, lo peor, con varias notarías en pueblos donde los notarios terminan mirándose unos a otros ante la escasez de chamba, y por tanto, obligados a piratear el trabajo en otras demarcaciones.
Nada fácil sería, entonces, que con tiempo suficiente el góber de la Complutense empezara a beneficiar a los amigos.