La ficha de Alberto Sosa en la Fiscalía

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  • He aquí una breve y resumida historia de los claroscuros del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia

Luis Velázquez

La ficha de Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la Fiscalía General, asienta, entre otras cositas, las siguientes:

“En su momento se le vinculó con Dante Delgado cuando fue gobernador interino. Incluso, se mencionó que pertenecía al club de compadres y amigos del entonces gobernador.

Se tiene conocimiento de que Luis Ignacio Valdovinos Terán, reo del penal de Villa Aldama, procesado por los delitos de homicidio calificado, robo, secuestro y falsificación y uso de documentos falsos, así como delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego, vendió a Alberto Sosa el rancho “El retiro”, en Mata Cazuela, municipio de Soledad de Doblado.

En octubre de 2007 se informó en medios que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz informó que un juez del Séptimo Circuito de lo penal federal exoneró a José Ignacio Valdovinos Terán, quien ha sido sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de secuestro, homicidio, robo y falsificación en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Josué Morón Guerrera. Por lo anterior, queda pendiente la sentencia de 14 años que tiene por los delitos de violación, misma que Valdovinos Terán apeló ante un juzgado de distrito.

Como presidente del Tribunal Estatal de Elecciones en 1997 atendió 89 recursos de inconformidad que los 8 partidos políticos presentaron en contra de los resultados de la jornada electoral en 71 municipios en los comicios del 19 de octubre. También le tocó calificar la elección y entregar su constancia de mayoría al gobernador electo, Miguel Alemán Velasco el primero de octubre de 1998.

En noviembre de 1998 se le mencionó como prospecto para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

El 9 de septiembre de 2002 trascendieron las declaraciones emitidas por el diputado federal del PAN, Sergio Vaca, quien dijo: “Alberto Sosa reanudó actividad jurisdiccional como magistrado del TSJE sin que mediara nuevo nombramiento. Investigué qué había pasado y hallé que en 1994 solicitó a la LVI Legislatura licencia a su cargo como magistrado del Poder Judicial para fungir como magistrado del Tribunal Electoral, por lo que cuando en 1998 renunció a ese puesto debió volver al que estaba en licencia y no ocupar el de coordinador de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material”.

El 30 de agosto de 2004 se informó que Alberto Sosa, magistrado de la Sala Séptima del TSJR, fue demandado por el bufete jurídico de Ignacio Burgoa como responsable de actos irregulares en perjuicio de la familia Pérez Herrera durante su gestión como director de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana del Estado. La demanda en contra del ex director es por el pago de diez millones 850 mil pesos por daños y perjuicios, ya que dejaron de percibir una contraprestación durante el período comprendido entre el 27 de junio de 2001 al 24 de junio de 2002.

También se le exige el pago por 6 millones 767 mil pesos, ya que los afectados dejaron de percibir una contraprestación del periodo del 25 de junio de 2002 hasta la fecha en que debió cesar la actualización de la misma.

En la denuncia también se inmiscuye al gobierno estatal que deberá realizar todos los pagos más intereses y gastos de juicios por funcionar como subsidiario en término del artículo 1861 del Código Civil de Veracruz.

La demanda por daños y perjuicios en contra de Alberto Sosa se deriva de un oficio que gira en su calidad de director de Asuntos Jurídicos en donde le indica al registrador que no inscriba un contrato de garantía hipotecaria de fecha del 25 de junio de 2001 con el que Gerardo de Prevoisin Legarreta obtendría su libertad bajo caución.

El 7 de diciembre de 2006, en desplegado dirigido a Fidel Herrera Beltrán, a René Poblete Dolores (TSJE) y a la opinión pública se señala lo siguiente:

“Hacemos de su conocimiento que los suscritos somos un grupo de personas (viudas, jubilados y pensionados, profesionistas) que radicamos en Orizaba.

Fuimos defraudados por Margarita Pomposo Méndez, a quien de buena fe y creyendo en su honorabilidad entregamos nuestro patrimonio, el cual fue producto de una larga vida laboral y quien nos hizo creer con toda la mala fe, intención y dolo de que a través de sus múltiples negocios lograríamos un mejor rendimiento de nuestro patrimonio y que actualmente se encuentra privada de su libertad en el CERESO de Orizaba.

Confiamos en todos y cada uno de los impartidores de justicia, pero hoy nos sentimos defraudados de los magistrados y del Poder Judicial, toda vez que no es posible que al existir más de 30 agraviados y el monto de lo defrauda asciende a más de diez millones de pesos, los magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández y Marco Antonio Domínguez Jiménez, aplicando un criterio muy superficial revoquen dos autos de formal prisión.

Y, además, se nos hace sospechoso que ambas tocas de apelación fuesen turnadas a la misma sala para su resolución, dejando en libertad a esta persona, que es una delincuente de cuello blanco”.

En diciembre de 2008 Alberto Sosa fue cuestionado a través de los medios luego de que presuntamente dejó en libertad a “un abusivo que tuvo la vileza de manosear a un pequeño de 4 años de edad”.

“De 1999 a 2008, Gabriel Romero Reyes, activista del PRD, ha realizado plantones en la plaza Lerdo para pedir la intervención del gobierno del estado y denunciando que su familia fue despojada de una casa con la connivencia del Poder Judicial. Entre los involucrados señalaron al entonces juez, Alberto Sosa Hernández.

En julio de 2009 se le mencionó entre los prospectos a integrar el Tribunal Estatal Electoral para los comicios del 2010.

En julio de 2013, alrededor de 70 trabajadores sindicalizados del poder Judicial se manifestaron en la plaza Lerdo para denunciar la supuesta discriminación del magistrado presidente Alberto Sosa, a quien acusaron de no atender sus demandas. El caso habría sido turnado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.