- Atrapados y sin salida
- Ordeñados recursos federales
- Millonario déficit mensual
Luis Velázquez
PASAMANOS: Además del reality-show de la deuda pública, el big brother del destino de las participaciones federales, y la pregunta de los 64 mil sobre el paradero del dinero público, la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, del sexto titular, Antonio Gómez Pelegrín, enfrenta otros desafíos.
Los siguientes:
La versión del diputado local, Alejandro Zairick Morante, de que en base a un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 80 por ciento de las participaciones federales del gobierno de Veracruz están comprometidas (La Jornada nacional, Eirinet Gómez, 9 de octubre, 2015).
Tal cual significa que si 80 centavos de cada peso están predestinados para el pago de la deuda de casi 45 mil millones que la SEFIPLAN dice; pero que según la oposición asciende a 135 mil millones de pesos, entonces, seguir endeudando las arcas públicas expone al gobierno jarocho al descarrilamiento.
Y más cuando la misma SEFIPLAN cacarea que el margen de deuda todavía da para más y, por tanto, pueden continuar cabildeando más créditos a la LXIII Legislatura integrada por mayoría priista que únicamente sirven para levantar el dedo, fast track.
La circunstancia, no obstante, resulta nociva y dañina, porque cualquiera sea la deuda, el duartismo está disponiendo de las participaciones federales por veinte y treinta años más, con lo que la capacidad financiera del gobierno del Estado se achica.
Y, bueno, como la Legislatura es una oficina más del gobernador en turno, igual que el Poder Judicial, entonces, imponen su ley, sin rendir cuentas a nadie, y menos a una Comisión de Vigilancia del Congreso a cargo de un ex convicto en el penal de Topo Chico, Francisco Garrido, y un órgano de Simulación Fiscal, ORFIS.
BALAUSTRADAS: El otro puntito negro fue enmarcado por el senador Pepe Yunes Zorrilla: el duartismo arrastra un déficit mensual de 800 millones de pesos que cada treinta días se va acumulando a la deuda pública y que la descarrila por completo.
Entre otras cositas, porque por más que la SEFIPLAN anuncie otro programa de Retiro Voluntario y un programa renovado de austeridad y reajuste de personal y ahorro en teléfonos celulares y camionetas y escoltas a los secretarios del gabinete, nadie conoce el resultado benéfico.
Lo peor sobreviene cuando aumentan el Impuesto del 3 por ciento a la Nómina bajo el pretexto de que así las finanzas serán saneadas, pues estarán en condiciones de cubrir las deudas pendientes, así tengan que bursatilizar el ingreso correspondiente, como lo denunció el senador Héctor Yunes Landa.
Así las finanzas quedan atrapadas en el círculo vicioso, de tal forma que según la diputada Mariela Tovar Lorenzo, de la Comisión de Hacienda, en este ejercicio fiscal el duartismo “dejó de recibir 5 mil millones de pesos por su escasa recaudación” (Ibídem).
Y si hablamos de “escasa recaudación”, tal cual se deriva de una sola circunstancia: el grado de desconfianza en que el contribuyente ha quedado atrapado cuando está mirando “el desorden administrativo y el caos financiero y la falta de rendición de cuentas” del que habla el senador Pepe Yunes.
Por eso mismo, los empresarios, que ahora son abanderados y asesorados por el senador Héctor Yunes inconformes con el 3% a la nómina, están molestos e irritados, pues ellos mismos se preguntan el destino millonario del dinero aportado por tal concepto, por más, mucho más que el titular del Fideicomiso, Gustavo Sousa Escamilla, sea un abogado decentísimo.
ESCALERAS: El otro talón de Aquiles se ubica en el rechazo de un sector de la población a que si el 3 por ciento a la nómina generará ingresos, en ningún momento sean destinados como ha proclamado el gobernador para el pago de la deuda pública y el llamado saneamiento financiero.
Incluso, y por eso mismo, el presidente de la CANACO jarocha, el panista Belgio Amaya Rizo, anunció que dedicará su empeño a convocar a la población a votar en contra del candidato priista a gobernador y en contra de los candidatos tricolores a diputados locales.
Y es que resulta imperdonable que si el duartismo es culpable del abismo administrativo y económico en que está metida la SEFIPLAN, entonces, según la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, hay culpables.
Y, por tanto, todos y cada uno han de castigarse si la ley se aplicara al pie de la letra.
Bastaría, por ejemplo, un solo argumento de indignación: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó a la SEFIPLAN 400 millones de subsidio federal para la Universidad Veracruzana y se los chingaron, pues nunca, jamás, el dinero llegó a la máxima casa de estudios.
Y si el duartismo procedió así con los fondos federales, ya podrá el lector visualizar el lodazal con los recursos estatales, como por ejemplo, el caso de la UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a la que deben 400 millones de pesos desde que su fundador, Guillermo Zúñiga Martínez, estaba entre nosotros.
El desaseo en la SEFIPLAN con los recursos oficiales resulta inverosímil.
Y lo peor: todos y cada uno de los seis titulares (Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Chárleston Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez PelegrÍn) son corresponsables, pues en el mayor de los casos “dejaron hacer y dejaron pasar” para, digamos, seguir trepados en las ruedas del poder, hasta que de plano fueron despedidos como productos desechables que son, antes, mucho antes, de que siguieran enterándose del cochinero.