Xalapa, Ver.
La Fiscalía General del Estado (FGE) decidió perdonar a los 11 funcionarios y ex funcionarios estatales que fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presunto desvío de recursos en la cuenta pública 2012.
Denuncias presentadas e integradas entre el 1º y 30 de noviembre de 2014, ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero debido a que la posible comisión de delitos se trataba de índole del fuero común, se remitieron a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, decidió no proceder contra los 11 funcionarios públicos involucrados, entre los que destacan el ex contralor Iván López Fernández, y el ex encargado de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Carlos Aguirre Morales.
Luego de que la PGR se negó a transparentar el nombre de los funcionarios involucrados, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, obligó a dicha dependencia a dar a conocer el listado de las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación en noviembre del año pasado, así como el nombre de los funcionarios involucrados.
Las denuncias fueron integradas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, la cual abrió investigaciones en contra del ex titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Iván López Fernández; el ex encargado de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, y el ex encargado del Seguro Popular en Veracruz, Leonel Bustos Solís.
También fueron denunciados Timoteo Aldana Carrión, ex director administrativo; José Rafael Méndez Escobar, ex asesor; Enrique Rodríguez Piñero, ex director de Recursos Financieros, todos ellos de la Secretaría de Salud.
También Jorge Jaramillo Méndez, ex director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Jesús Guillermo Villegas Ríos, ex director de Control y Evaluación de la Contraloría.
A la par, la Procuraduría General de la República remitió otras 3 denuncias a la FGE, en contra de quien resulte responsable, donde se presume pudieran estar involucrados los actuales diputados federales Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso Carrera y Tarek Abdalá Saad.
La PGR decidió declarar la incompetencia en las averiguaciones, para que fuera la Fiscalía General del Estado la que continuara con las investigaciones, pues encontró elementos de la posible comisión de delitos del fuero común, sin embargo el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, decidió no proceder contra ninguno de esos ex funcionarios y cerró las denuncias.