México D.F.

La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer el día de ayer 11 de octubre, la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y el asesinato de seis personas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esto se da tras varias solicitudes de información para conocer los detalles del expediente, el cual, tiene cerca de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Su elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables, de acuerdo con la dependencia.

Tras la pasada reunión entre padres de los normalistas desaparecidos y el presidente Peña Nieto, la procuradora general de la República, Arely Gómez, instruyó el pasado 24 de septiembre dar acceso a la versión pública de la averiguación previa sobre el caso Iguala.

El expediente del caso ha revelado, por ejemplo, que los cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos, cuyas declaraciones fueron clave para que la Procuraduría General de la República (PGR), concluyera que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, incinerados en un basurero en Cocula y sus restos arrojados al río, estaban alcoholizados, con golpes que supuestamente ellos mismos se provocaron y “confesando espontáneamente”.

La PGR confirmó pericialmente que uno de sus detenidos clave, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, tenía huellas de tortura tras su captura. Pese a ello, el Ministerio Público validó su declaración y lo consignó.

El expediente documenta que la noche de la agresión a los estudiantes, PGR le pidió a la Policía Federal verificar el incidente y ésta reportó, y después ratificó, que no había ni lesionados. Por su parte, el Ejército se rehusó a apoyar a la Fiscalía Estatal, en retención y traslado de policías municipales involucrados.

La averiguación pública del caso contiene también la declaración del exsecretario particular, del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien reveló los movimientos de su jefe tras el ataque a los normalistas y cómo logró escapar pese al cerco policial. “Estoy consternado”, le dijo Abarca vía Whatsapp al entonces secretario de salud, Lázaro Mazón.

El testimonio de un médico que intentó ayudar a los normalistas, y que fue interrogado por militares se incorporó a este expediente porque revela que el Ejército integró una investigación propia sobre los hechos ocurridos esa noche en Iguala.

Hasta ahora la investigación de la PGR, basada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la dependencia, “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero municipal de Cocula) y arrojados al río San Juan, en ese orden”.

Sin embargo, meses después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los hechos ocurridos en Iguala,  puso en duda las conclusiones científicas y motivos de la autoridad en la investigación.