• Detiene la SEFIPLAN recursos de U.V.
• $400 millones federales, en el limbo
• El recuento de daños a la Universidad Veracruzana
  

Luis Velázquez

EMBARCADERO: La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad, está cumpliendo con su palabra.

Dijo que era capaz de encabezar una revolución silenciosa y pacífica por la UV y en tal anda.

Dijo que en ningún momento “le tiembla la mano ni se le quiebra la voz” y sigue empujando la carreta.

El último mensaje al gobierno de Veracruz fue contundente.

En el semanario Proceso número 2030, página 13, la Junta de Gobierno publicó un desplegado de tres cuartas de plana donde solicita al gobernador el pago de “dos mil millones de pesos, 400 correspondientes a subsidios federales recibidos por el Gobierno del Estado pero no transferidos a la Universidad”.

Pero, además, detalla los daños educativos a la máxima casa de estudios:

“Se han limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando, incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario”.

El documento está firmado por los nueve miembros de la Junta de Gobierno, integrado por académicos respetados y respetables de Veracruz y del país y publicado en la revista más crítica, ferozmente crítica, del país.

Se trata de un avisito más al llamado sexenio próspero que, bueno, y dado que la rectora es una académica bragada, peleadora callejera, impetuosa, osada y temeraria, nada fácil sería que ante el silencio de la secretaría de Finanzas y Planeación, al paso que vamos, al ratito encabece una gran manifestación en Xalapa tipo Javier Barrios Sierra, el digno rector de la UNAM en tiempo de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

ROMPEOLAS: El comunicado de la Junta de Gobierno es puntual. Dice, por ejemplo, al señor Javier Duarte:

“En su calidad de depositario del Poder Ejecutivo estatal le solicitamos resarcir a la Universidad Veracruzana del adeudo pendiente, mediante una calendarización de las transferencias requeridas”.

Y de paso, se refiere a “los hechos de violencia, intensificados de junio a estas fechas que han vulnerado la seguridad de los miembros de nuestra casa de estudios”.

Uno, “redoblar esfuerzos para esclarecer” los sucesos trágicos.

Dos, “consignar a los responsables” en un Veracruz famoso por la impunidad alentada desde la Fiscalía General.

El aviso, pues, ahí está.

Solo falta que el gobierno jarocho reaccione ante tal comunicado regalando una caña de pescar a la rectora y/o por el contrario con una demanda de los diputados federales o locales, y/o con un “Chuletazo”, el operativo mediático para denigrar desde las redes sociales.

Toda su vida, la doctora Sara Ladrón se ha consagrado a la UV.

Y ahora, cuando es rectora está dispuesta a mostrar su talante y talento.

Lo peor que pudiera darse es que el silencio de la SEFIPLAN y del Jefe Máximo del Priismo continúe.

Al momento, han transcurrido 72 horas del comunicado en Proceso y la respuesta es el silencio, la indiferencia, la apatía, la indolencia, el valemadrismo.

Claro, el tiempo estaba ocupado buscando una caña de pescar charales y peces gordos.

Pero la cresta de la rectora está manifiesta: en la defensa de la UV “ni le tiembla la mano ni se le quiebra la voz”.

La UV frente a frente con el gobierno de Veracruz.

La autonomía universitaria frente al llamado sexenio próspero.

El Veracruz de Javier Duarte. La UV de Sara Ladrón.

ASTILEROS: Hay en la SEFIPLAN una deuda millonaria a proveedores, prestadores de servicios, constructores, estudiantes, seniles, profesores y deportistas discapacitados, entre otros.

Hay créditos millonarios, el último de cinco mil millones de pesos, más otro, se afirma, en proceso.

Hay iniciativa de ley para ampliar el impuesto a la nómina del 2 al 3 por ciento.

Hay queja de la UPAV de que le adeudan 400 millones de pesos.

Ninguna obra pública estatal existe de norte a sur y de este a oeste de trascendencia municipal y regional.

La fama pública es que la llave está cerrada para unas cositas y abierta para otras.

Hay denuncia del CDE del PRD, diputados locales y hasta del delegado federal de la SAGARPA, Marco Antonio Torres Hernández, de que el dinerito público lo están jineteando en el mundo bursátil.

Hay denuncia del senador Pepe Yunes Zorrilla de que hay una llamada “Operación licuadora” para desviar recursos federales a otros programas, a otros lugares y a otros bolsillos.

Hay advertencia del senador Héctor Yunes Landa de que si llega a la gubernatura meterá a la cárcel a los peces gordos de la administración duartista.

Hay denuncia del presidente municipal de Boca del Río, Miguel Angel Yunes Márquez, de que le adeudan cien millones de pesos en participaciones federales, que le han retenido.

Hay denuncia de la alcaldesa de Rodríguez Clara, Amanda Gasperín Bulbarela (camino a la candidatura priista a la diputación local) de que le retenían cien millones de pesos de participaciones federales.

Hay denuncia del diputado local, el panista Jorge Vera, acerca sobre quince alcaldes azules que siguen esperando la entrega de las participaciones federales, de igual manera como la denuncia del perredista Rogelio Franco Castán, que 15 alcaldes de su partido están en las mismas.

Entonces, la duda que ocupa es el destino del dinero público, tanto de las participaciones federales como de los fondos estatales.

¿Dónde está el dinero público, pues?

¿Dónde, Antonio Gómez Pelegrín, sexto secretario de Finanzas y Planeación?

¿Dónde están los 400 millones de pesos de subsidio federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la SEFIPLAN para la UV y se diluyeron en el camino?

¿Dónde están los 1,600 millones de subsidio estatal, aprobados por la LXIII Legislatura, para la UV?

Lo menos,  lo menos, lo menos que ha de pensarse es que el mundo bursátil es productivo si los juega un buen operador.