México, D.F.

Aunque el programa de prevención del delito es una de las prioridades gubernamentales, podría sufrir recortes presupuestales para el próximo año.

Asimismo, el gasto para implementar los juicios orales y mejorar el sistema penitenciario federal sufrirían ajustes a la baja.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 propone para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, uno de los que más presume el Gobierno federal, un recorte de 24 por ciento.

Su presupuesto pasaría de los 2 mil 683 millones con que cuenta este año, a 2 mil 15 millones de pesos, a pesar de que es considerado uno de los ejes prioritarios de la estrategia anticrimen.

Esto obligará a la Secretaría de Gobernación a reducir los subsidios a las demarcaciones prioritarias del programa hasta en una cuarta parte, en comparación con 2015.

El subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal ascendería el próximo año a 713 millones 145 mil pesos.

Esta cantidad es 29 por ciento inferior a la aprobada para este año, que fue de mil 9 millones 642 mil pesos, no obstante que la oralidad deberá entrar en vigor en junio próximo en todo el País.

Dos de los principales pendientes del sistema son la infraestructura y el equipamiento, los rubros más costosos de la reforma constitucional penal de 2008.

La eventual reducción se daría a pesar de que el 21 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un programa nacional para fortalecer precisamente el sistema penitenciario.

Esta medida se adoptó a raíz de la fuga del capo Joaquín, «El Chapo» Guzmán, del penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cárceles federales presentan insuficiencia de custodios, sobrepoblación y hacinamiento, además de que tampoco se garantiza un trato digno a los internos.