Xalapa, Ver.

El gobierno veracruzano debe responder a 15 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por engañar a la autoridad intentando ocultar faltantes de recursos públicos.

El gobernador del estado mintió al afirmar que tales demandas ya habían sido sobreseídas.

En las denuncias presentadas por la ASF se acredita que los funcionarios del gobierno de Veracruz que desviaron estos recursos realizaron movimientos bancarios, primero para simular la solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría y después para retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final de esos recursos.

A esto, el 22 de junio de 2015, el primer mandatario del estado afirmó que se habían sobreseído las 15 denuncias penales que la ASF interpuso contra su gobierno el 11, 12, 13 y 20 de noviembre del 2014.

No obstante, ante una solicitud de acceso a la información a la ASF, ésta autoridad respondió el 17 de agosto de 2015 con folio 00028615, que las denuncias están en curso.

La Auditoría Superior de la Federación no quiso proporcionar detalles sobre el estado de las 15 denuncias penales, ya que “la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que se relaciona con el estado que guardan las Averiguaciones Previas iniciadas y presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante el Ministerio Público de la Federación”.

Además, en el apartado de “Denuncias penales” de la página de la Auditoría, las mismas continúan en línea hasta la modificación de la página del 19 de agosto de 2015. En donde 6 extitulares de la Secretaría de Finanzas aparecen en la lista.

Los datos de los implicados se conocieron porque el 6 de mayo de 2015, Miguel Ángel Yunes Linares, hoy diputado federal electo por el PAN y entonces, candidato, mostró un segundo paquete que completaba la documentación de 12 de estas denuncias.

El número de involucrados puede ser mayor, al no revelarse aún el contenido de las otras 3 denuncias vigentes.

En esos documentos, la ASF asienta que con estas acciones de evasión “se causó un daño grave” y se “atentó contra el interés superior de la sociedad”.

En el primer paquete se demostraba que 2,500 millones de pesos no fueron reintegrados, mientras que en el segundo, eran 2,100 millones; 4,600 millones de pesos, en total.

La cifra, igualmente, puede ser mucho más que esta cantidad.

En sus denuncias, la propia ASF señala que “los servidores públicos involucrados en este proceso de simulación con sus conductas provocaron que, en su momento, no se ejerciera acción alguna, entre ellas las de carácter administrativo o resarcitorio, por parte de esta entidad de fiscalización superior de la federación, con lo cual se habría estado en la aptitud de obtener la recuperación de los recursos materia del daño a la Hacienda Pública Federal y, en su caso sancionar a los presuntos responsables”.

La grave crisis financiera de Veracruz

El gobierno del estado tiene la tercera mayor deuda bancaria del país, con 44,470.8 millones de pesos, cantidad reconocida por el mismo gobernador, cifra mayor a la reportada a la Secretaría de Hacienda al segundo semestre del año, por sólo 41,661.9 millones de pesos.

La disparidad de estos montos se suma a un crédito bancario reconocido por 1,338 millones de pesos adquirido con Multiva, lo cual da 4,146.9 millones de pesos de deuda nueva en 2015.

El Senador José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, calcula la deuda de Veracruz en, por lo menos, 80 mil millones de pesos.

“Son 44 mil millones los registrados con el sistema financiero, pero deuda, hay que decirlo con todas sus letras, es toda aquella obligación que compromete recursos futuros; ahí solo estamos considerando lo que se pidió prestado. Hay que sumarle todo lo que son estos instrumentos de PPS (es una modalidad de participación pública privada en el cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público), de APS (asociación pública privada), hay que sumarle las presiones que por ley obliga el IPE (Instituto de Pensiones del Estado), hay que tener en cuenta los adeudos con el IMSS y hay que tener en cuenta también los pasivos contingentes con contratistas y prestadores de servicios y proveedores. No hay una cifra clara pero desde luego que es mucho más de 44 mil 470.8 millones de pesos”, por eso –refiere- hay quienes la calculan en hasta 80 mil millones de pesos.

La deuda con los prestadores de servicios y contratistas es de tal dimensión que los reclamos incluso se dan por parte de los dirigentes de los organismos empresariales de México, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en su mensaje semanal del 13 de julio expresó que: “En el caso de Veracruz, tenemos conocimiento de que tiene una deuda muy significativa a proveedores”.