México, D.F.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información exigió a la Procuraduría General de la República entregar versión pública relacionada con las averiguaciones previas que involucran al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, en relación al movimiento estudiantil de 1968 y con la represión registrada el 10 de junio de 1971.

Por tal, revocó la reserva de 12 años que la dependencia había impuesto a estas averiguaciones previas, las cuales dieron inicio durante el sexenio de Vicente Fox, a partir de la desaparecida Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Al argumentar su proyecto, Ximena Puente, comisionada presidenta, mencionó que era improcedente la respuesta de la PGR “en virtud de que dichas averiguaciones previas se abrieron por la Comisión del Delito de Genocidio y se procedió a realizar un análisis de la excepción dispuesta en el último párrafo del artículo en comento, el cual indica: “No podrán invocarse el carácter de reservado cuando se trate de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.

La comisionada subrayó que “la divulgación de la información permite a la sociedad conocer la verdad histórica de los hechos acontecidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, toda vez que reservar la información podría generar un daño mayor. La reserva de la información se ve superada por el interés de la sociedad por conocer la información que se genera, con motivo de investigaciones de los referidos hechos”.

Ximena Puente señaló que con la publicidad de las versiones públicas de las averiguaciones previas, se permite a la sociedad conocer la verdad de lo ocurrido, con el fin de evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

Por último, dijo que el proyecto propone revocar la respuesta de la PGR e instruir que se entreguen versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971, en las que se consignó por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, clasificando la información confidencial que obrase en ellos.

El proyecto fue avalado de manera unánime por los comisionados. La comisionada Patricia Kurczyn sostuvo: “procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. El asunto que nos está presentando la comisionada, es desde luego un tema de trascendencia, 47 años han pasado y siguen las dudas, como una sombra sobre aquella tragedia que ocurrió”.

En su intervención, el comisionado Oscar Guerra consideró que la verdad histórica es importante que se sepa, también “un historiador dice que: Conozcamos el pasado para poder explicarnos el presente y transformar el futuro. Creo que es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo sucedido en estos lamentables acontecimientos del 68, que bueno, como en la paradoja de la historia son lamentables lo que sucedió, pero que al final ya visto en la perspectiva histórica pues sembraron una semilla de democracia y de democratización del país que todavía se sigue en este proceso de la transición democrática”.