viernes, abril 26, 2024

Expediente 2015 Pifias

Luis Velázquez

 

El gabinete jurídico del gobernador Javier Duarte lo ha evidenciado.

El recule en una parte del reglamento de Tránsito, que tanta inconformidad social generó desde el primer día, expresa la insensibilidad y falta de visión de Estado, Estado de Derecho, con que fue elaborado.

Y lo peor, cuando ya el reglamento ha sido impreso y lo están vendiendo a cien pesos.

Se ignora a ciencia cierta la autoría de tal reglamento; pero mínimo debió pasar por las siguientes neuronas y filtros:

Una. El secretario de Seguridad Pública, general de West Point, Arturo Bermúdez Zurita, jefe del ramo.

Dos. El director de Tránsito, Edmundo Martínez Zaleta, exdirector de Tránsito con Agustín Acosta Lagunes, exdiputado local y federal, expresidente municipal de Papantla y expresidente del CDE del PRI.

Tres. Los 50 diputados locales en su análisis y aprobación. Pero más los diputados José Ramón Gutiérrez, declarado a sí mismo el diputado del general Arturo Bermúdez, y el diputado Adolfo Ramírez Arana, presidente de la Comisión de Vialidad del Congreso, aquel que presentara la iniciativa de la llamada Ley Bermúdez para criminalizar las protesta sociales en Veracruz, en la inteligencia de que si marchaban por la libre habría cárcel para los manifestantes.

Cuatro. El coordinador de Asuntos legales de la oficina del gobernador, José Ramón Cardeno Saadi, nombrado por el secretario particular de Javier Duarte, filósofo Enrique Ampudia Mello.

Pero, además, porque por aquí Cardeno Saadi llegó a la jefatura jurídica de Duarte expidió un oficio ordenando a los jefes jurídicos de cada secretario del gabinete legal y ampliado que todos los expedientes y documentos debían pasar por su autorización y lo que ha generado el descontento de los propios secretarios.

Así, el reglamento de Tránsito fue lanzado a la hoguera pública y las protestas continúan, no obstante que el duartismo ha cedido a la irascibilidad social y anunciado cambios.

El gabinete jurídico ha exhibido, pues, al jefe máximo, una más de cal luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación cometió una pifia extendiendo cheques de hule a los pensionados el día último del mes anterior.

Con tales funcionarios, Miguel Angel Yunes Linares y Fidel Robles Guadarrama salen sobrando.

Tal cual, sin contar la torre de Babel en que está convertida SEFIPLAN en una sórdida pelea por el poder.

Y sin contar el pleito ancestral, ya desbordado, del contralor Ricardo García Guzmán con el extitular del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, excontralor y extitular de SEFIPLAN, Mauricio Audirac Murillo.

Y sin contar el pleito entre el contralor Ricardo García y el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Tomás Ruiz González, en contra del secretario General de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

Y sin contar al lenguaraz senador Héctor Yunes Landa a quien se le fue el pico hablando del desastre financiero del gobierno estatal, no obstante ser el candidato favorito de Javier Duarte a la gubernatura.

DESCRÉDITO GENERALIZADO

 

Sólo falta, entonces, que ante tantas protestas en la calle en contra del reglamento de Tránsito, el diputado José Ramón Gutiérrez, alias Joseratón, denuncie una conjura internacional en contra del jefe máximo, donde el PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, que cabildean atrás de una alianza electoral para la gubernatura del año entrante, estarían participando.

Las marchas expresan los errores cometidos con el nuevo reglamento de tránsito.

Y, bueno, Duarte se ha visto obligado a dar marcha atrás para arreglar el lodazal, mientras el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, ha salido una vez más al quite para desactivar la inconformidad popular.

Claro, una vez más, Duarte sólo tuvo como salida decir que su “gobierno es sensible a las expresiones ciudadanas”; pero la ventilada ya nadie se la quita, pues tales desaguisados bien pudieron evitarse con un cabildeo inteligente previo al lanzamiento del nuevo reglamento, como lo establece una autoridad democrática que primero escucha y agota el diálogo.

El repudio, por tanto, fue evidente a la ley vial.

Y con tales torpezas jurídicas, los genios jurídicos del duartismo sólo alimentaron el descrédito.

EXCESOS DEL PODER

 

Y es que, bueno, sólo al anacoreta de Cantarranas se le pudo ocurrir crear multas a los peatones, háganos favor.

Y más, cuando luego del desastre financiero de SEFIPLAN pretenden sacar dinero hasta de las piedras.

Pero, además, y no obstante el rechazo a la llamada Ley Bermúdez, de cualquier manera incluyeron la criminalización de la protesta ciudadana, como lo ha referido el diputado perredista, Jesús Velázquez Flores, y lo que manifiesta una obsesión y un berrinche caprichudo para imponer su ley le pese a quien le pese.

En el juego de sofismas, de cualquier manera con todo y los cambios las infracciones permanecerán igual de elevadas, lo que grava a la población, sin duda porque están urgidos de rellenar el cochinito para la campaña del candidato priista a gobernador.

Sólo con tanta protesta, el gobierno de Veracruz fue presionado a escuchar.

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