La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.

Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.

Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Veracruz o gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.

Estos falsos empresarios están vinculados directamente con las compañías fachada reveladas por Animal Político en mayo de 2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal (este último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).