Xalapa, Ver.- Solamente una, de las siete empresas de seguridad privada de Arturo Bermúdez Zurita cuenta con licencia de la Dirección General de Seguridad Privada, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno federal, para brindar tales servicios.

Se trata de la empresa Seguridad Privada GRP S.A. de C.V, en la que sus hermanos Jesús Gabriel Bermúdez Zurita y Carolina Bermúdez Zurita aparecen como socios, en tanto que Roberto Esquivel Hernández, hace las veces de apoderado legal.

Estas tres personas están implicadas en el otorgamiento de contratos millonarios desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando Arturo Bermúdez era el titular, lo que derivó en el proceso penal 221/2016, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), Seguridad Privada GRP S.A. de C.V. es la única empresa que tiene licencia estatal para operar en Veracruz.

Dicha empresa está domiciliada en la Avenida Miguel Alemán número 1309 interior 2 de la colonia Progreso Macuiltepetl, en esta capital.

La Segob indica que la empresa de Bermúdez Zurita está facultada para brindar seguridad privada a personas, en los bienes y así como suministrar los servicios de alarmas y monitoreo electrónico.

Seguridad Privada GRP es una de las empresas evidenciadas por Miguel Ángel Yunes Linares, actualmente gobernador de Veracruz, en 2016, cuando interpuso denuncia penal contra Bermúdez, por estar ligado a más de una veintena de firmas, algunas de las cuales obtuvieron contratos millonarios en la SSP, triangulando recursos públicos que fueron a parar a sus bolsillos y los de sus familiares y socios.

Lo más grave del asunto es que el resto de las empresas no aparece en ningún padrón autorizado por la Comisión Nacional de Seguridad Pública, por lo que trabajan de forma irregular, si es que aún lo hacen.

Tampoco poseen, ninguna de las siete, licencias federales, es decir para prestar el servicio de resguardo personal privado en más de dos entidades federativas. Otras de plano han sido ya sancionadas.

En el caso de Grupo Profesional de Resguardo S.A. de C.V, donde Arturo Bermúdez Zurita aparece como socio y Roberto Esquivel Hernández como apoderado, de acuerdo con archivos hemerográficos, en 2005 fue clausurada de manera definitiva por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) debido, entre otras cosas, a que no tenía a su personal debidamente dado de alta y a que manifestó poseer tres vehículos cuando en realidad tenía ocho y tres motocicletas.

La empresa estaba registrada ante la SSPF como una prestadora de seguridad privada con base en el Distrito Federal y con sucursales en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán y el Estado de México.

La SSPF informó que la sin contar con el permiso correspondiente, la empresa prestaba servicios de seguridad privada en la modalidad de «Traslado y Protección de Personas» y en el de «Establecimiento y Operación de Sistemas y Equipos de Seguridad».

En lo que se refiere a su personal operativo, la empresa no acreditó haber practicado a sus elementos los exámenes médico, toxicológico y psicológico, y algunos de ellos no habían sido dados de alta, además de no recibir la capacitación correspondiente, lo que significaba un riesgo para la seguridad de los usuarios que contrataban sus servicios.

El resto de las empresas, Grupo Profesional de Alarmas S.A de C.V.; Profesionales en Seguridad Privada Integral S.A. de C.V.; Profesionales Privados en Custodia y Resguardos Empresariales S.A. de C.V.; Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A. de C.V. –empresa que recibió un contrato millonario de la SSP-; y Brigada E 511 S.A. de C.V, no aparecen en ningún registro oficial.

De estas, a excepción de Brigada E 511 S.A. de C.V, todas son investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro del proceso penal ya mencionado.

Bermúdez Zurita es acusado de haber traficado influencias a su paso por la SSP, brindando contratos a empresas que creaba mientras se enriquecía de manera ilícita, delito por el que también enfrenta un proceso penal, que lo mantiene preso en el penal de Pacho Viejo.