Xalapa, Ver.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de desafuero en contra del diputado Alberto Silva Ramos, quien se desempeñó como vocero del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
Tras el inicio del proceso de desafuero, el diputado Silva Ramos tiene 7 días para defenderse ante la Sección Instructora y no perder el fuero.
“Por unanimidad acordamos darle trámite a la solicitud de desafuero,estamos ordenando que se le notifique al diputado Alberto Silva Ramos”, indicó el presidente de la Sección Instructora, el diputado del PRI Ricardo Ramírez Nieto, quien agregó que en menos de 60 días deberá estar listo el dictamen de la Sección Instructora para ser discutido en el pleno de la Cámara, donde los diputados votarán a favor o en contra de quitarle el fuero a Alberto Silva.
Ricardo Ramírez señaló que la Sección Instructora volverá a sesionar el próximo martes 15 de agosto, una vez que haya concluido el plazo para que el diputado Silva aporte la documentación que considere pertinente en su defensa.
El pasado 13 de julio, la Fiscalía de Veracruz pidió quitarle el fuero a Alberto Silva para poder proceder en su contra por un presunto desvío de 4 mil millones de pesos, en el que también habría participado otra exvocera de Duarte, Gina Domínguez.
La Fiscalía de Veracruz sostiene que desde la coordinación de Comunicación Social de Veracruz, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes de doce dependencias distintas.
El mecanismo era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El dinero iba a parar a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
La evidencia con la que cuentan las autoridades, entre ellas cientos de facturas,arroja que mediante este mecanismo se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Los recursos fueron a parar a compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los funcionarios.
