En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un 50 %, la resolución de casos ha bajado durante cuatro años consecutivos; actualmente, solo se consigna ante un juez 1 de cada 5 casos por lavado de dinero.

El blanqueo de recursos, en contraste, se ha incrementado año con año. Según datos del INEGI y la Secretaría de Hacienda, revelan que la dimensión del dinero que se lava representa casi 2% del PIB, mientras que en la década de los 90 era el 0.5%. Se blanquean al menos 200 mil millones de pesos anuales.

Entre 2012 y julio de 2013, según la información de los informes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se iniciaron 204 averiguaciones por lavado de dinero de las cuales se consiguieron consignar 75. En proporción, es una efectividad del 36 por ciento entre casos abiertos y los resueltos.

Para julio de 2014 el porcentaje de casos consignados bajó a 30 por ciento; en julio de 2015 fue de 27 por ciento, y para julio de este año cayó por debajo del 20 por ciento.

Esto significa que más del 80 por ciento de las investigaciones iniciadas en el último año por lavado de dinero no ha sido consignada, es decir, enviada ante un juez con la identificación de los probables responsables.

Los casos que se resuelven con personas detenidas son también minoría. La PGR reportó en el último año que procedió contra 144 personas involucradas en posibles operaciones de lavado de dinero, pero solo 27 fueron detenidos. Contra el resto se solicitaron órdenes de aprehensión.

El último año, además, la PGR ha dicho que se obtuvieron 27 sentencias condenatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero, aunque la mayoría corresponde a casos de años anteriores.

El inyectar dinero proveniente de actividades ilícitas en negocios legales o en el sistema bancario es una modalidad del delito conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de un delito del orden federal cuya investigación ministerial y resolución compete exclusivamente a la PGR.

En julio del 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam publicó el decreto con el cual se creó la Unidad Especializada de Análisis Financiero, una nueva fiscalía que depende directamente de la oficina del procurador, responsable de recopilar toda la información necesaria para la resolución de los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se dotó de más de 20 atribuciones distintas a esta unidad especializada. Además de la investigación, se le encargó la identificación de patrones de conducta, la elaboración de diagnósticos, creación de proyectos de guías y manuales técnicos relacionados con los delitos del orden financiero, entre otros.

Fue esta unidad la que participó en investigaciones como la de lavado de dinero en la empresa Oceanografía, o en el seguimiento de varios casos consignados previamente como el de Elba Esther Gordillo.

Para el 2015 el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero alcanzó los 65 millones de pesos pero a partir de ese año ha venido a la baja. Para 2016 su presupuesto fue de 42 millones de pesos, mientras que para 2017 se planteó otro recorte para que sus recursos queden en 37 millones de pesos.

Es decir, de aprobarse el presupuesto para el próximo año, la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR tendrá un recorte del 44 por ciento.

La otra área con facultades ministeriales para indagar caso de lavado de dinero es la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta fiscalía dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investiga los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

Para 2015 esta unidad recibió un presupuesto de 69 millones 320 mil pesos, para el 2016 no tuvo un crecimiento más allá del relacionado con la inflación. Para 2017, el proyecto de presupuesto asigna a esta unidad 65 millones de pesos, que si equivale a una disminución de casi el seis por ciento de los recursos.

A estos recortes hay que sumar el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que se encarga, en muchos de los casos, de hacer una verificación previa de posible lavado de dinero que además de derivar en medidas correctivas como cancelación de operaciones de blancos sospechosos, permite ser el punto de partida de las denuncias ante la PGR.

Dicha Unidad de Inteligencia cuenta con un presupuesto de 202 millones de pesos para este 2017, para el 2017 se plantean 196 millones, que equivalen a un recorte del 3 %.