El Congreso de Veracruz se apresuró a votar las reformas constitucionales antes de que se echaran a andar las leyes nacionales en la materia y haber precipitado el Sistema Estatal Anticorrupción trajo un alto costo político para Veracruz.

Lo anterior derivó en una acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el recurso fue resuelto y se determinó, por unanimidad de los ministros, echar abajo el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y Chihuahua.

Manlio Casarín, abogado constitucionalista, dijo para un medio de información que se deben conocer los alcances del expediente, para determinar si es necesario volver a legislar en la materia, para entonces armonizar las leyes con el Sistema Nacional Anticorrupción.

El fallo de inconstitucionalidad de la SCJN se debe a que se consideró que el Congreso local no tiene facultades para aprobar esas normas mientras no entren en vigor las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Informó Casarín, no emitieron explícitamente los efectos de revertir los nombramientos y fiscalías formadas a partir de las leyes que fueron impugnadas, ya que en lo subsecuente se espera sea la próxima legislatura sea la que armonice las leyes generales con las locales.

Por ello, advirtió, no se descarta la posibilidad de que lo ya promulgado pueda seguir su curso siempre y cuando se garantice la igualdad dentro del paquete promulgado en siete leyes.

Destacó que el asunto no ha quedado resuelto, pues hace falta retomar las discusiones, los debates y las modificaciones del documento que fue remitido a los ministro, y por ello se esperará la sentencia de acción de inconstitucionalidad para tener fechas de cómo y cuándo quedará resuelto.