Familias vinculadas con políticos las principales promotoras del conflicto con el agua en Chihuahua

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México.-El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a dos familias de productores agrícolas de Chihuahua de usar sus vínculos con políticos con PRI y PAN para acaparar agua para sus negocios y, con ello, generar un conflicto en la entidad y obstaculizar que México cumpla el tratado de aguas que tiene con Estados Unidos desde 1944.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, señaló a dos familias como las principales promotoras de las protestas en contra de la entrega de agua: los Urionabarrenechea Sánchez y los Porras Muñiz.

Según el funcionario, los Urionabarrenechea Sánchez son productores de nogal y tienen nexos con el exgobernador priista César Duarte e incluso con el actual gobernador panista, Javier Corral, en tanto que los Porras Muñiz son productores de cebolla y son respaldados por el diputado local panista Jesús Valenciano.

Mejía Berdeja aseguró que estas familias han promovido protestas contra la entrega del agua a EU no por un fin legítimo, sino porque no «quieren que disminuya la cantidad de líquido que acaparan para sus negocios».

“Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama, es decir, no es un movimiento espontáneo. No ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo. Lo que vemos detrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, de descalificación, es que evidentemente quieren seguir con su negocio”, dijo.

Mejía Berdeja señaló que ya hay 13 0 14 carpetas de investigación abiertas en la FGR por los eventos en las presas El Granero, La Boquillas, Las Vírgenes y por el «sabotaje y la destrucción» de la presa de La Boquilla en donde hay daños por más de 100 millones de pesos.

Las denuncias las han interpuesto funcionarios jurídicos de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional y algunos particulares.

«Seguramente habrá consecuencias legales tanto para los autores materiales como para los intelectuales porque hubo mucho dinero repartiéndose, gasolina, camionetas. Hubo toda una conspiración como se ha señalado y esto tendrá consecuencias de carácter legal (…) Estamos contribuyendo desde la Secretaría de Seguridad para que esto puede generar imputaciones penales, judicialización y posteriormente, sanciones de carácter penal», expresó el funcionario.

Antes, el director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, insistieron en que México está obligado a cumplir con el tratado que tiene con EU.

Los funcionarios también señalaron que los estados fronterizos están obligados a aportar un volumen de agua para el pago a los estadounidenses, y que la cantidad que aporta Chihuahua ha ido disminuyendo en años recientes.

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