México.-La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó las sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández en la que les ordenó devolver 216.3 millones y 230.8 millones de pesos, respectivamente, por simular la compra de acero inoxidable a mayor precio durante la construcción de la Estela de Luz.
Ambos responsables de la obra trabajaron para III Servicios, SA de CV, filial de Pemex que estuvo encargada de contratar a las empresas privadas que realizaron el monumento. León Reguera se desempeñó como residente de obra y Bravo Hernández como asesor técnico administrativo.
Esta sanción fue estipulada tras la auditoría realizada en marzo de 2019 a los responsables de la construcción del monumento conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia construido durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
La magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien presentó el juicio contencioso durante la sesión del pleno del TFJA de este miércoles, señaló que el 28 de abril de 2010 Andrés León y Juan Alberto Bravo dictaminaron un aparente cambio de acero inoxidable, lo que implicaba un aumento en el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos, sin embargo esto no ocurrió.
Urby Genel indicó que no sólo no cambió el tipo de acero contratado originalmente, sino tampoco el diámetro y para el 28 abril de 2010 las características del acero eran las mismas del contrato original.
León Reguera y Bravo Hernández habían impugnaron la resolución de la Dirección General de Responsabilidades de la ASF, con el argumento de que no hubo daño a la Hacienda Pública porque el dinero salió del fiduciario (Banjército) y fue pagado a III Servicios SA de CV y ambas pertenecen a la Administración Pública Federal (APF).
Sin embargo, la magistrada ponente indicó que los recursos fueron utilizados de forma indebida causando daño a la Hacienda Pública. Su dictamen presentado fue aprobado por unanimidad por los demás magistrados integrantes de la Sala Superior del TFJA.
La resolución de la ASF se había dictado en 2019 como parte de las acciones derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2011, en la que se fiscalizó y verificó la gestión financiera de recursos federales canalizados al proyecto monumento Bicentenario Estela de Luz, en una auditoría de inversiones físicas.
La construcción de la Estela de Luz ha estado en la polémica desde hace varios años atrás, debido que en el ‘Informe Sobre la Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz 2009-2011’, la ASF se detectó que tuvo un sobrecosto de 192%, pese a que no se construyó todo lo que se tenía proyectado y tuvo un retraso de 15 meses.
La obra tuvo un costo final de 1,304.9 mdp cuando se había presupuestado en alrededor de 552 millones de pesos. En noviembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que este monumento luciera una placa con la leyenda: “monumento a la corrupción”.