La extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México, sólo por debajo del robo, dijo la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, al solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, un informe detallado de las cifras y datos de cada centro penitenciario, así como la estrategia implementada para combatir este delito.

La Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Veracruz, son las entidades donde existe mayor incidencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada cien mil habitantes. Es el delito con mayor cifra negra en el país, ya que 97.9% de las extorsiones no son denunciadas”, mencionó la senadora.

De acuerdo con cifras del INEGI en 2018, el 91.6% de los casos la extorsión fue telefónica, la extorsión fue pagada en 7.1% de las ocasiones.

Un dato alarmante, subrayó la Bañuelos es que especialistas y autoridades señalan que entre el 50% y 80% de las llamadas de extorsión salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión”.

En el período 2017-2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalla que, en un lapso de tres semanas, se realizaron 2 mil 457 llamadas de un solo aparato celular.

Geovanna Bañuelos aseveró que estos datos evidencian la falta de coordinación entre diversas autoridades o instituciones.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, también requirió del funcionario, se informe cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones, para combatir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios y con cuales instrumentos se cuenta para informar y prevenir a la ciudadanía de este delito.